-Acude como invitada especial Grupo 21 de Tijuana
-Enumera las violaciones a los artículos de la Constitución
-Privilegia la quema de combustóleo para producción de electricidad
Redacciób/Columnaocho
La Senadora por Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge, reiteró que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es violatoria a la Constitución federal, así como a leyes y tratados internacionales, además, provocará daños a la salud, medio ambiente y se incrementará el costo de la producción de energía, lo que finalmente recaerá en los bolsillos de los mexicanos.
La legisladora por Acción Nacional fue la invitada especial en la reunión no presencial del Grupo 21 de Tijuana que preside Fausto Quintana González, donde expuso el tema “La Nueva Ley de la Industria Eléctrica y sus Repercusiones en el T-MEC”.
Gina Cruz recordó que esta reforma fue presentada por el Presidente de la República como iniciativa preferente, y fue aprobada por la mayoría de Morena en el Senado y la Cámara de Senadores, sin embargo, fue invalidada el viernes por un juez que la declaró inconstitucional.
Mencionó que una de las características de esta reforma es la de privilegiar la producción de plantas de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que funcionan a base de combustóleo.
Esto es un atentado contra el medio ambiente, se violan diversos preceptos constitucionales y legales, así como acuerdos y convenios internacionales en materia de inversiones y libre comercio, además, se atenta contra la salud de las personas y genera altos costos, observó.
“La energía eléctrica basada en combustóleo es más costosa que la que se genera con fuentes renovables, lo que obliga a subsidiar el consumo privado o a aumentar los costos para los particulares, sus familias, y las empresas”.
Uno de los principales problemas del gobierno, es la gran cantidad de combustóleo que no puede almacenar ni vender, esto resulta clave en el empeño del Ejecutivo federal para imponer esta reforma regresiva.
Explicó que el combustóleo es un residuo del proceso de destilación del petróleo, y al ser este denso y de difícil refinación, produce residuos de muy baja calidad y con altos contenidos de azufre, muy superiores a los permitidos a los estándares internacionales.
Por lo anterior, el combustóleo mexicano no tiene demanda y el gobierno debe pagar por su almacenamiento, es así que con la reforma propuesta por el Ejecutivo, la CFE podría quemar este combustóleo que no puede vender ni almacenar, pero que es sumamente contaminante.
Gina Cruz señaló que entre los preceptos constitucionales que vulnera esta reforma, se encuentra el Artículo 4, ya que se promueve el uso de fuentes contaminantes afectando el derecho a la salud y a un medio ambiente sano.
También se viola el Artículo 14, ya que atenta contra el principio de certeza jurídica, ya que implica la aplicación de la ley de manera retroactiva a particulares; también se vulnera el Artículo 25 porque atenta contra la sustentabilidad del desarrollo, desincentiva la inversión del sector privado.
Atenta contra el Artículo 27 constitucional, ya que prácticamente cancela la posibilidad de que se den contratos a particulares, ellos requieren condiciones de certidumbre y no de retroactividad.
Gina Cruz expuso que además se atenta contra el Artículo 28, al cancelar la posibilidad de la participación del sector social y privado, o al menos la relega a un último lugar.
Comentó que también se vulnera la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley de Transición Energética, Ley General de Cambio Climático, además se viola el Acuerdo de París, el Acuerdo sobre Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenibles 2030.
Además se viola el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, y el Acuerdo de Asociación Transpacífico, que fomentan el uso intensivo de energías renovables, además del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), que es el más reciente y más importante para el país.
Recordó que México ha firmado 33 acuerdos para la protección recíproca de inversiones con igual número de países, que en el caso de que cualquiera de ellos ve afectada sus inversiones por las reformas a la industria eléctrica, podrá demandar al estado mexicano ante instancias internacionales, lo que resultará muy costoso.
“Las violaciones que se han hecho por parte del Presidente de la República a la Constitución y a las leyes secundarias son reiteradas y preocupantes, también nos preocupa el daño que se está causando a las finanzas públicas.
“Por ello propuse ante el Senado que tanto la violación a la Constitución como el daño patrimonial al estado, sean causas de destitución del Presidente de la República, quiero concluir diciendo que si la corte es congruente y mantiene su posición como última instancia que tal vez tenga que resolver sobre la constitucionalidad o legalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, esta quedará suspendida.
“Pero si la corte cede a las presiones, será el último eslabón de esta triste ruta al autoritarismo, que tanto daño puede causar a nuestro país”, aseveró Gina Cruz.
Expuso que el gobierno actual se ha encontrado con un marco jurídico que considera contrario a los intereses nacionales, el cual fue construido a raíz del Pacto por México, que uno de sus ejes fue la reforma energética.
La reforma energética transformó a PEMEX y a CFE en empresas productivas, con un modelo de gobierno corporativo, semejante al de las empresas privadas con consejeros y una persona a cargo de la dirección general que debe rendir cuentas al Consejo de Administración.
Esto provocó la apertura del sector energético a la inversión privada ante la incapacidad del gobierno de poder financiar nuevos proyectos de infraestructura, principalmente en la exploración de nuevos pozos petroleros, explicó Gina Cruz.
