Tag: #BajaCalifornia

Redacción/Columnaocho

Mexicali.- La presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, exigió este miércoles la renuncia de la fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez, al considerar que la entidad enfrenta una grave crisis en materia de personas desaparecidas y que los resultados de la Fiscalía han sido insuficientes para atender este problema.

La dirigente estatal sostuvo que el incremento sostenido de desapariciones durante la actual administración de Marina del Pilar Avila Olmeda, a quien también ha solicitado su separación de cargo, evidencia una falla institucional que exige un cambio urgente en la conducción de la procuración de justicia.

“El caso más grave en materia de desaparecidos en Baja California duró días y además sin pruebas; es una vergüenza lo que ha hecho la Fiscalía y las áreas de seguridad”, señaló, en referencia a la no vinculación a proceso del exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, por el caso relacionado con la posible desaparición de jóvenes en la capital del estado. Asimismo, expresó su solidaridad con los padres, madres y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Baja California.

Por su parte, el vocero del PAN Baja California, Christofer Domínguez Meraz, presentó cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que, afirmó, evidencian el agravamiento de esta problemática en la entidad. Señaló que de las 5 mil 229 personas desaparecidas y no localizadas registradas en Baja California, 3 mil 196 casos, equivalentes al 61 por ciento, ocurrieron durante la actual administración estatal, de noviembre de 2021 a julio de 2026. Asimismo, destacó que entre 2021 y 2025 las desapariciones aumentaron 432.5 por ciento, al pasar de 191 a mil 17 casos.

Domínguez Meraz también expuso que Tijuana se convirtió en el municipio con más personas desaparecidas y no localizadas del país, al registrar 766 casos en 2025, lo que representa el 75.3 por ciento del total estatal, además de mantenerse en el primer lugar nacional durante 2026. Añadió que Baja California ocupó el segundo lugar nacional en desapariciones durante 2025, con mil 17 casos, y advirtió que, mientras los homicidios dolosos muestran una tendencia a la baja, las desapariciones continúan en aumento, reflejando una crisis de seguridad que, dijo, requiere una respuesta inmediata de las autoridades.

Como propuesta específica en materia de seguridad para el municipio de Mexicali, el regidor del PAN, Manuel “Rude” García Fonseca, señaló que el fenómeno de las desapariciones “es un cáncer para las corporaciones policiacas”, por lo que consideró indispensable emprender acciones inmediatas para fortalecer a las instituciones de seguridad en los gobiernos municipales. Sostuvo que el reciente caso del exdirector de Seguridad Pública, Pedro Ariel Mendívil, no exime de responsabilidad a la presidenta municipal, al propio ex funcionario ni a quienes participaron en las mesas de seguridad, por lo que planteó tres medidas prioritarias:

1) actualizar los exámenes de control y confianza;

2) impulsar una verdadera depuración institucional;

y 3) garantizar la rendición de cuentas mediante órganos de control eficientes.

Redacción/Columnaocho

Baja California.- La presidenta estatal del PAN, Lizbeth Mata Lozano, condenó que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda haya ocultado información a los bajacalifornianos sobre el proceso relacionado con la cancelación de su visa estadounidense, luego de que se difundiera un audio donde reconoce haber contratado representación legal para atender este asunto, pese a que durante meses sostuvo que desconocía información al respecto.

“Lo grave no es que tenga una defensa legal; lo grave es que mientras afirmaba no conocer los detalles de este caso, ya realizaba gestiones para atenderlo. Los bajacalifornianos merecen saber por qué no se les dijo la verdad desde el principio y por qué se intentó minimizar un asunto de evidente interés público”, señaló.

Mata Lozano advirtió que las dudas aumentan al conocerse el perfil del abogado contratado, quien es reconocido por atender asuntos relacionados con investigaciones de corrupción, lavado de dinero, crimen organizado y procesos complejos ante autoridades federales estadounidenses. Agregó que se trata de un abogado cuyos servicios son ampliamente conocidos por sus altos costos, por lo que resulta indispensable transparentar el origen de los recursos destinados a dicha defensa y descartar cualquier uso de dinero público.

La dirigente estatal exigió a la gobernadora informar con claridad desde cuándo fue contratado dicho abogado, cuál es el objeto específico de su representación y quién está cubriendo los costos de esa defensa. “Los bajacalifornianos merecen respuestas claras, no contradicciones ni evasivas. La transparencia debe aplicarse con el mismo rigor que se exige a cualquier ciudadano”, expresó.

Finalmente, informó que Acción Nacional analiza las acciones jurídicas e institucionales correspondientes. “Los hechos que han salido a la luz en los últimos días apuntan a un escenario de mayor escrutinio por parte de autoridades estadounidenses, por lo que los bajacalifornianos merecen conocer toda la verdad. No vamos a dejar de exigir transparencia, rendición de cuentas y el esclarecimiento total de este caso. Baja California merece certeza; no más ocultamientos ni contradicciones”, concluyó.

Redacción/Columnaocho

Mexicali.- En el marco de una gira nacional para informar sobre la apertura del proceso interno de selección de futuras y futuros representantes ciudadanos de Acción Nacional, la delegada política del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Adriana Aguilar Ramírez, anunció que el plazo para el registro de aspirantes concluirá durante el mes de julio del presente año.

Destacó que, aunque el proceso de inscripción para las y los ciudadanos interesados inició en mayo, arrancando con alrededor de 8 mil participantes a nivel nacional, los tiempos establecidos contemplan dos meses para el cumplimiento de requisitos. Posteriormente, durante agosto se realizarán las mediciones correspondientes y será en septiembre cuando se den a conocer las ciudadanas y ciudadanos que hayan manifestado su interés en representar la lucha de la patria, la familia y la libertad.

Adriana Aguilar añadió que Baja California enfrenta una situación de abandono por parte de los gobiernos de Morena. “No hay un gobierno que entienda y atienda las necesidades de la ciudadanía”, señaló, al destacar la importancia de abrir espacios de participación para que enfermeros, maestros, productores del campo y ciudadanos de diversos sectores puedan aportar desde sus respectivas trincheras.

“Las familias bajacalifornianas tienen al violentador en casa”, no pueden dormir, no pueden estar en paz, no pueden sentirse seguras ni seguros, ese es el pan de cada día”, externó.

Por su parte, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, recordó que Acción Nacional ha impulsado la apertura ciudadana desde 1989, cuando Ernesto Rufo Appel encabezó una nueva etapa democrática en la entidad, y que hoy ese mismo espíritu se mantiene de manera formal a nivel nacional mediante dichos procesos accesibles y abiertos a toda la ciudadanía.

Agregó que gran parte de la militancia panista se mantiene en escucha permanente, recorriendo las calles y atendiendo las causas ciudadanas ante la falta de respuestas por parte de los gobiernos. “Hoy más que nunca hay una ausencia de gobierno, una crisis de gobierno en materia de seguridad y salud, y Acción Nacional es la voz de exigencia”, puntualizó.

Redacción/Columnaocho

Mexicali.– La presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, expresó este jueves en conferencia de prensa la profunda preocupación del PAN por la crisis de seguridad, salud, gobernabilidad y ahora económica que atraviesa el estado.

En materia de seguridad, señaló que el hallazgo de 16 fosas clandestinas y 33 cuerpos localizados a la fecha en Mexicali, refleja la gravedad de la crisis de desapariciones que enfrenta la entidad.

Subrayó que la gobernadora no puede deslindarse de su responsabilidad en esta problemática ni dejar el trabajo únicamente en manos de la Fiscalía, reaccionando solo después de hechos tan lamentables.

Mata Lozano lamentó que, tanto la presidenta de la República como la gobernadora, presenten como un logro la supuesta reducción en homicidios e índices de inseguridad.
“Son estadísticas maquilladas. No podemos minimizar la realidad que viven las familias bajacalifornianas.

Exigimos que dejen de mentir”, expresó, al cuestionar los datos oficiales sobre la disminución de homicidios y los supuestos avances en materia de seguridad.
La dirigente estatal reiteró la solidaridad de Acción Nacional con las familias de personas desaparecidas y con los colectivos de búsqueda, reconociendo su valentía y el esfuerzo que realizan ante la ausencia de resultados contundentes por parte de las autoridades.

Asimismo, advirtió que a la crisis de seguridad, de Estado y de salud que se vive en Baja California, ahora se suma una grave crisis económica derivada del endeudamiento público que el gobierno estatal continúa adquiriendo. “Están generando una deuda pública que terminará pagando el pueblo de Baja California”, externó.

Por su parte, el diputado local del PAN, Diego Echevarría, amplió la información respecto a la solicitud del Ejecutivo estatal al Congreso para autorizar un incremento de 9 mil millones de pesos en deuda pública destinada a obras complementarias de la planta desaladora de Rosarito. Señaló que dichos recursos podrían cubrirse con los ingresos derivados del aumento en tarifas de agua y del impuesto sobre la renta, por lo que cuestionó el destino real de esos fondos y advirtió sobre una posible opacidad en su ejecución.

En el mismo sentido, la diputada local Alejandrina Corral denunció que el gobierno del estado ha adquirido deudas por más de 3 mil 350 millones de pesos sin autorización del Congreso, lo que evidencia falta de transparencia y rendición de cuentas.

Acción Nacional reiteró su compromiso de vigilar el ejercicio de los recursos públicos, exigir claridad en las finanzas estatales y defender a las familias bajacalifornianas frente a lo que calificó como una administración marcada por la opacidad, la improvisación y la falta de resultados.