Exige Eva María Vásquez protección amplia a personas con autismo

Redacción/Columnoocho

Con el objetivo de ponderar la protección amplia de las personas con Autismo por parte de los gobiernos municipales y Gobierno Estatal a través de la Secretaría de Salud y Sistema DIF, la diputada Eva María Vásquez Hernández, presentó exhorto ante el pleno del Congreso local.

En dicho exhorto se solicita puntualmente a los ayuntamientos de Baja California:  emitan, desarrollen e implementen protocolos de actuación en materia municipal para la atención por parte de las corporaciones preventivas y de seguridad pública municipales para personas con condición autista, incluyendo medidas para concientizar, involucrar y socializar a familiares, comunidad y autoridades en las medidas necesarias para la salvaguarda de sus derechos.

Asimismo, que, por medio de la directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Lic. Blanca Estela Favela Dávalos y el Secretario de Salud del Estado, Dr. Alonso Pérez Rico, en el ámbito de sus facultades revisen la problemática ante las condiciones de personas con autismo que les remiten autoridades municipales.

Lo anterior fue motivado por el reciente caso, conocido en los medios de comunicación, de un joven con autismo residente de Mexicali, quien se ha expuesto a los peligros de deambular por las calles sin plena conciencia de ello, aun cuando por parte de sociedad civil organizada se han tocado puertas de las autoridades competentes en busca de soluciones inmediatas, pero estas no dan respuesta alguna.

La legisladora de Acción Nacional especificó que con este llamado se pretende que las autoridades escuchen y realicen acciones para ayudar a las personas con condición autista, a que se reconozcan sus características y se evite que por cualquier motivo sufran y padezcan a consecuencia de la indiferencia o la ignorancia.

Agregó que la carencia de protocolos de actuación hace que las personas con condición autista, sean abandonadas a su suerte en instalaciones privadas, por lo que se trata de una grave transgresión a la salud, dignidad, libertad y corresponsabilidad de las autoridades en relación al tratamiento y atención de personas autistas.