-La diputada Maythé Méndez presentó una iniciativa para que el Ministerio Público solicite el tratamiento como parte de la sentencia.
-La propuesta también faculta al asesor jurídico de la víctima para solicitar dicho tratamiento en caso de omisión del MP.
Redacción/Columnaocho
Mexicali.- La diputada de morena María Teresa Méndez Vélez, presentó una iniciativa de reforma al artículo 242 Bis del Código Penal del Estado, con el objetivo de reforzar la aplicación del tratamiento integral para agresores de violencia familiar, para fomentar su responsabilidad y cambio conductual.
Dicho artículo describe la violencia familiar como cualquier acción o comportamiento que implique control, abuso o daño físico, emocional, económico o de bienes, que se comete contra alguien con quien se tiene una relación de matrimonio, familia, pareja o convivencia.
Esta disposición ya establece que quien comete este delito se sujetará a tratamiento integral psicológico o psiquiátrico especializado dirigido a su rehabilitación, así también deberá de pagar este tipo de tratamiento de la víctima hasta la recuperación total.
Sin embargo, a pesar de que la ley contempla esta sanción, en la práctica el tratamiento especializado no siempre se solicita ni se impone de manera sistemática durante el proceso penal, lo que limita su eficacia para prevenir la reincidencia y proteger a las víctimas.
Por ello, la iniciativa de la legisladora Maythé Méndez propone que sea obligación del Ministerio Público solicitar la imposición de este tratamiento como parte integral de la sentencia, asegurando así que esta medida no quede a discreción y se aplique de forma efectiva en todos los casos de violencia familiar.
Asimismo, la reforma contempla que, en caso de que el Ministerio Público no realice esta solicitud, el asesor jurídico de la víctima pueda presentar la petición directamente ante el juez o tribunal correspondiente.
“La erradicación de la violencia familiar es una tarea pendiente que, como legislatura debemos atender y revisar desde todas sus vertientes tanto legislativas, administrativas y presupuestales. Esta reforma busca cerrar los vacíos que impiden la aplicación efectiva de las medidas de rehabilitación y así proteger la integridad de las familias bajacalifornianas”, señaló la diputada.
