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Aprueban diputados Ley de Amnistía para BC

-Aplicará para quienes no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas

-La iniciativa de ley es presentada por el Diputado Juan Manuel Molina.

Redacción/Columnaocho

Mexicali2.- El Pleno del Congreso del Estado avaló con 19 votos a favor, 4 en contra, 1 abstención el dictamen número 27 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales que preside el Diputado Juan Manuel Molina García, mediante la cual se crea la Ley de Amnistía de Baja California.

Molina García dijo que la propuesta aprobada decreta amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal y hayan sido sentenciados ante los tribunales del fuero común del Estado.

Explicó que solo aplicará para quienes no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, y se hayan cometido antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.

Mencionó que entre estos se encuentran los casos de aborto en cualquiera de sus modalidades, previsto en el Código Penal.

Así como por los delitos imputados a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas en cuestiones de defensa de su tierra, agua, matorrales, bosques, selvas y fauna endémica.

También cuando se compruebe que se encuentran en situación de extrema pobreza, o vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, por temor fundado o porque hayan sido obligados por la delincuencia organizada.

Además, por el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad superior a cinco años.

Por sedición, o por que hayan invitado, a la comisión de otros delitos formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida o la libertad, lesiones graves a otras personas que comprometan su integridad corporal, subrayó.

Expuso que no se concederá el beneficio de esta Ley a quienes hayan cometido delitos contra la vida, la integridad corporal, secuestro o hayan utilizado en la comisión del delito violencia o armas de fuego.

Tampoco se podrán beneficiar las personas indiciadas por los delitos a que se refiere el Código Penal para el Estado de Baja California, cuando se califique como grave la culpa del indiciado o sentenciado, aseguró.

“La amnistía está muy bien analizada, muy revisada y solo opera para acciones del pasado, no hacia adelante”, dijo el Diputado Molina García inicialista de la propuesta de ley.

August 30, 2022
El PRI se suma a las demandas de los cuerpos policiacos de Baja California

Sus demandas además de justas ya fueron aprobadas por el Congreso, pero no se aplican.

·El ejecutivo debe acatar lo publicado en el Periódico oficial desde noviembre de 2017.

Redacción/Columnaocho

El Partido Revolucionario Institucional en Baja California busca que se respete la ley y hace un llamado a los integrantes del Congreso a fin de que hagan un compromiso público para fortalecer las exigencias de los cuerpos policíacos en el estado, para garantizar sus derechos a las prestaciones de ley, sin dejar de lado la seguridad social, aseguró el dirigente estatal del PRI en Baja California, Carlos Jiménez Ruiz.

Pese a que la iniciativa que reformó el artículo 131, fracción V de la Ley de Seguridad Pública del Estado, en la XXII Legislatura de Baja California por el diputado priista Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, fue aprobada por el Congreso el 29 de septiembre de 2017 (Dictamen 03 Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil) y publicada en el periódico oficial el 10 de noviembre de 2017, Decreto 125, “en los hechos es letra muerta”, señaló.

En ese sentido, el líder tricolor destacó que la modificación consiste en reconocer explícita y ampliamente a los familiares y dependientes de los policías el derecho humano a la seguridad social y gocen de esta prestación, lo que implica el otorgamiento de un seguro de vida o pago póstumo en cumplimiento por muerte natural, accidental y por riesgo de trabajo; pensión por jubilación, retiro, invalidez y cesantía; así como acceso a créditos para obtener vivienda, entre otros.

Al parecer al ejecutivo estatal no le informaron o no le interesa que desde 2019, era su obligación destinar un fondo capital semilla de un mínimo de 20 mil pesos por elemento policíaco -de los recursos que obtuviera por concepto de derechos por prestación de servicios de la Secretaría de seguridad pública- así como por los ahorros que se logren en cualquier otra partida del Presupuesto de egresos del poder ejecutivo del estado, -con motivo de la implementación de medidas de austeridad-, no hay recursos asignados.

La iniciativa contempla también que este capital se destinaría en su totalidad a un fondo de seguridad social, cuya administración estaría a cargo del Ejecutivo estatal a favor de los elementos de dependencias como Policía Estatal Preventiva (PEP), Policía Ministerial del Estado (PME) y Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria (PESCP).

No obstante su aprobación, destacó el dirigente priista, a la fecha los policías continúan demandando estos beneficios y la autoridad estatal hace caso omiso, por lo que el Partido Revolucionario Institucional, demanda se acate lo publicado en el Periódico oficial de la entidad y destine los recursos necesarios para que los elementos de todas las dependencias de seguridad pública, obtengan estas garantías que por ley les corresponde.

Para finalizar, Jiménez Ruiz dijo que es muy lamentable ver la manera tan indignante en que se trata a los policías en materia de seguridad social “porque como todo trabajador que desempeña una labor digna, deberían obtener los beneficios que el Estado mexicano otorga a fin de proveerles un retiro digno con las prestaciones de ley”.

October 27, 2020
“A nadie ponen la pistola en la cabeza para que voten”: Bonilla

Coincide el gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, en lo dicho por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al opinar sobre el debate generado en torno a la aprobación de la reforma al Octavo Transitorio constitucional, que amplía el período gubernamental a 5 años.

Redacción/Columnaocho

Coincidencia plena hay de parte del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, con lo dicho por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, al señalar que es “un extremo de la hipocresía” de quienes aprobaron y cuestionan la ampliación de período gubernamental.

Comentó el próximo mandatario estatal que el gobernador, Kiko Vega, ha dicho que no va a publicar la reforma aprobada y ratificada por el Congreso local, pero debe reconocer que quienes la aprobaron el 8 de julio y la ratificaron el 23 de este mes, son de su partido político.

“No olvidemos que es la misma Legislatura que votó a favor de la privatización del agua y después se retractó… es la misma Legislatura que ha tenido el gobernador Kiko Vega, desde un principio, o sea, así han votado… así ha sido muy típico de ellos…”, dijo Bonilla Valdez, al referirse a la “extrema hipocresía” a que aludió el presidente en su conferencia mañanera.

Se refirió el gobernador electo, Bonilla Valdez, a la respuesta dada por el mandatario nacional a la pregunta sobre el polémico asunto, en el que pidió que no se le involucre, ya que nada tuvo que ver en la decisión mayoritaria de la actual Legislatura, a pocos días de concluir su ejercicio.

“No tengo nada que ver”, dijo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y destacó “…de todo me quieren echar la culpa, por eso mismo no opino, pues podrían darse malas interpretaciones…”.

Luego hizo énfasis que no solamente votaron los diputados de Morena (dos), sino el resto, de otros partidos, que sumaron un total de 21 legisladores. Es entonces que el jefe del Ejecutivo federal expresó: “…se me hace un extremo de la hipocresía que ahora se cuestione, lo que antes aprobaron…”.

Planteó también su apreciación de que “no está muy clara” la publicación y la información sobre la citada reforma (al artículo Octavo Transitorio, del Decreto 112, promulgado en octubre de 2014 y reformado por el Congreso de Baja California, en sesión extraordinaria realizada el lunes 8 de julio en curso.

Este mismo precepto fue ratificado por mayoría legislativa en sesión efectuada la tarde del martes 23 de este mismo mes, en el salón “Forjadores” del Palacio Municipal de Playas de Rosarito, para ordenar que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) en el plazo de diez días.

Debido a que el gobernador, Kiko Vega, ha declarado que no autorizará la publicación (de la reforma) en el término legal, corresponderá a la Legislatura local hacerlo en un plazo de quince días, para que cobre vigencia como nueva ley.

Al respecto, el próximo gobernador de Baja California, expresó: “…-Así es… en realidad, el gobernador es una persona muy difícil de entender… un día dice una cosa, al otro día dice otra… entonces… primero dijo que iba a bloquearla (la nueva ley)… se han hecho comentarios en las redes, de que declaró que no la va a publicar… mañana, no sé qué vaya a decir…”.

Consideró, sin embargo, que es una parte del proceso. “…Tiene que publicarla para que sea vigente… o sea, los que hayan votado, si el gobernador no la publica, si él toma esa decisión… pero que el gobernador esté consciente de que es ´su propio Congreso´… el que está votando… los mismos panistas, los mismos que se quejan y se dan baños de pureza, son los que votaron esa ley…”.

En cuanto a las especulaciones de sobornos a los 21 diputados que aprobaron la iniciativa de reforma del artículo Octavo Transitorio, respondió: “… a nadie le ponen la pistola en la cabeza… ya está muy ´choteado´ el dicho de que los corrompieron… por favor… que lo comprueben… es muy fácil hacer señalamientos de ese tipo… los he oído a la izquierda y a la derecha… a nadie ponen la pistola en la cabeza para que voten…”.

July 24, 2019