-La iniciativa de reforma al Código Penal busca fortalecer la transparencia y el acceso a la información en la administración pública.
Redacción/Columnaocho
Mexicali.- La diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó ante el Congreso del Estado de Baja California, una iniciativa de reforma al Código Penal estatal, con el objetivo de reforzar la transparencia gubernamental, garantizar el derecho de acceso a la información pública y establecer mecanismos más estrictos de rendición de cuentas en la administración pública.
En el documento presentado, la legisladora refiriere que la Constitución Política del Estado faculta al Congreso local para citar a comparecencia a secretarios y titulares de entidades paraestatales, a fin de que informen bajo protesta de decir verdad sobre el estado que guardan las dependencias a su cargo. Sin embargo, destacó que en ocasiones el mal manejo de la información y la opacidad en el uso de recursos públicos generan retrocesos en el ejercicio gubernamental.
No obstante, refiere que el mal manejo de la información, la exposición ante los medios de posturas políticas con el uso de recursos públicos y la opacidad en el uso de los recursos públicos, genera un profundo retroceso en la búsqueda de la ruta correcta del buen ejercicio gubernamental.
En este sentido, la diputada Corral propuso tipificar como delito, dentro del artículo 290 del Código Penal de Baja California, que un servidor público rinda información falsa, no comprobable o no verificable respecto al ejercicio de sus funciones, ya sea de manera directa o a través de terceros.
La iniciativa contempla sanciones que van de uno a tres años de prisión, así como multas de treinta a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para quienes incurran en estas conductas, con lo que busca establecer un precedente legal que garantice un actuar transparente por parte de las y los funcionarios públicos.
En concordancia con el Título Octavo de la Constitución local que define el concepto de servidor público y regula las sanciones administrativas y penales aplicables a quienes incurran en malas prácticas durante su encargo. La diputada Corral Quintero subraya que este marco jurídico es la base para asegurar un ejercicio honesto de la función pública.
Abundó que el acceso de la información pública es un derecho de la sociedad para conocer el quehacer gubernamental, el destino del gasto público y los datos que legalmente se establecen dentro de los marcos jurídico-normativos locales y federales.
