Redacción/Columnaocho
Ciudad de México.- La Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California (CESISPE), luego de sumar un cúmulo de acciones relacionadas con la operatividad, seguridad y gobernabilidad para beneficio de la población que se encuentra en reclusión en los diferentes centros penitenciarios, logró cumplir con la reglamentación y requerimientos establecidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y por primera ocasión obtuvo evaluación positiva en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022 (DNSP).
Así lo informó la titular de la CESISPE, María Elena Andrade Ramírez, luego de darse a conocer los resultados del DNSP 2022, que estuvieron a cargo de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, acompañada por la directora general y encargada del Despacho de la Tercera Visitaduría General de la CNDH; y de la directora general de Supervisión y Pronunciamientos Penitenciarios de la CNDH, Monserrat Rizo Rodríguez; con la presencia del Maestro Hazael Ruiz Ortega, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, con la representación de la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
La comisionada bajacaliforniana señaló que, desde el inicio de la actual administración estatal, a cargo de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, la instrucción fue transformar el Sistema Penitenciario para dar cumplimiento con lo que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, a través del suministro de acciones y programas tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población penitenciaria, con el objetivo de crear una cultura de la reinserción social efectiva que minimice la reincidencia, todo bajo estricto apego al respeto de los derechos humanos.
“Han sido meses de arduo trabajo en el que se ha dado cumplimiento, al pie de la letra, a los preceptos legales, así como también a las observaciones y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión Estatal, en los que hemos avanzado a paso firme y seguro en busca del cambio radical del Sistema Penitenciario, tal y como lo dispuso, reitero, la gobernadora Marina del Pilar, y que su servidora ha seguido puntual y exacta, para ofrecer y garantizar una vida digna, y con irrestricto respeto a los derechos humanos de quienes integran la comunidad penitenciaria”, dijo Andrade Ramírez.
Estableció que, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) es una facultad contenida en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el artículo sexto, que le permite hacer una revisión exhaustiva de la situación que prevalece en el Sistema Penitenciario Nacional, además, es un referente importante, tanto nacional como internacional, a través del cual se supervisan y se dan a conocer las condiciones de estancia e internamiento de las personas privadas de la libertad, así como todos los aspectos que se refieran a su reinserción social y no reincidencia.
Indicó que una de las acciones emprendidas y que fue decisiva para obtener el resultado favorable en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022, fue la reubicación de las más de 8 mil 500 personas privadas de la libertad, una cifra histórica, trasladadas al complejo penitenciario El Hongo, desde los diferentes centros penitenciarios de la entidad, que se ha traducido en mayor bienestar para la población interna al brindarles espacios más amplios y estancias dignas.
Lo anterior, dijo, se destacó durante la presentación de los resultados, al señalar que esos logros se obtuvieron derivado “del trabajo articulado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el Sistema Penitenciario de Baja California, durante el 2022 y parte del 2023, mediante la reubicación y traslado de casi 8 mil 500 personas y con ello garantizar condiciones dignas de vida”.
Resaltó que, para la emisión de este Diagnóstico, se llevó a cabo una amplia muestra que abarcó 299 centros penitenciarios del país, de los cuales 14 fueron federales, 237 estatales y 3 militares, así como también se hizo la supervisión de 45 centros de internamiento especializado para adolescentes, y los puntos de observancia en cada uno de estos fueron los aspectos que garantizan la integridad de la población penitenciaria, los que se refieren a proveer una estancia digna, las condiciones de gobernabilidad que prevalecen al interior de cada centro, así como los programas dirigidos a la reinserción social y la no reincidencia.
Por último, puntualizó la comisionada que se continuará con el fortalecimiento del proyecto de transformación del Sistema Penitenciario, dando cumplimiento a las normas establecidas, así como atendiendo los planes, programas y políticas públicas propuestos en el Plan Estratégico Institucional por una Cultura de Paz y de Derechos Humanos, encaminados a eliminar espacios de violencia, intolerancia y discriminación, además, de los planes especializados para cada Sistema Penitenciario, diseñados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
