- 30 diciembre, 2022
- No Comment
- 251
- 3 minutes read
Propone diputado Navarro otorgar validez jurídica a imágenes de cámaras de videovigilancia
Van por cambios a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana.
Redacción/Columnaocho
Mexicali.- El legislador morenista Víctor Hugo Navarro Gutiérrez presentó Iniciativa de Reforma al artículo 40 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, para establecer que la información o imágenes obtenidas de los equipos o aparatos tecnológicos del Sistema de Video Vigilancia de la Red Estatal de Comunicaciones de Seguridad, se tendrán por auténticas, salvo prueba en contrario y se les de validez jurídica.
Precisó que uno de sus compromisos de campaña registrados ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California en el marco del proceso electoral 2020-2021 fue proponer adiciones a la legislación para fortalecer como elemento probatorio el sistema de videovigilancia.
Observó que derivado de la dinámica social y la desafortunada evolución de la delincuencia, ha resultado necesaria la implementación por parte de las autoridades, de una diversidad de aparatos y sistemas tecnológicos, como herramientas y medidas que coadyuven y contribuyan a prevenir y combatir el fenómeno delictivo en general que permea en nuestra sociedad.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, la regulación específica de dichos sistemas y equipos no se encuentra bien establecida en cuanto a sus alcances jurídicos.
Con la reforma se trata de determinar o precisar legalmente la autenticidad de la información o imágenes obtenidas de los equipos o aparatos tecnológicos de los sistemas de videovigilancia de seguridad pública.
Informó que a la fecha se cuenta con 10 mil cámaras en la totalidad del Estado, lo que brinda una capacidad territorial de dos cámaras por cada mil habitantes.
Con este equipamiento se va hacia el objetivo de contar una Policía Tecnológicamente Efectiva y desarrollar una red que incluya arcos lectores conectados a centros de control de mando policial C5.
En síntesis, se trata de que las imágenes que se desprendan de los sistemas de videovigilancia pública se tengan por auténticos para efectos legales, a fin de fortalecerlos jurídicamente en cuanto a su autenticidad, como una herramienta legal más para hacer frente a la delincuencia.