Exhortan a la Fiscalía responder a colectivos de búsqueda e informar las acciones realizadas

-Diputadas de la Comisión de Derechos Humanos demandan acciones inmediatas ante posibles hallazgos en zonas específicas de Mexicali

Redacción/Columnaocho

Mexicali.- Las diputadas Alejandrina Corral Quintero, Michelle Tejeda Medina y Dunnia Montserrat Murillo López, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado (FGE) a emitir una respuesta formal a solicitudes realizadas por colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, así como a informar sobre las acciones emprendidas en zonas específicas del municipio de Mexicali.

La propuesta legislativa surge en un contexto donde la desaparición de personas se ha consolidado como una de las crisis más graves en materia de derechos humanos en Baja California, evidenciando limitaciones institucionales para garantizar procesos de búsqueda efectivos, oportunos y con apego a la ley.

En el documento, las legisladoras señalan que colectivos como “Armadillos Mexicali” y “Unidos por Nuestros Desaparecidos” han tenido que asumir funciones que corresponden al Estado, al tener que realizar labores de localización, identificación y recuperación de restos humanos, lo que refleja una deuda estructural en materia de justicia y atención a víctimas.

En ese sentido, han presentado oficios donde solicitan la intervención de la autoridad en puntos donde existen indicios de posibles restos humanos, específicamente en la colonia Miguel Alemán y en el canal Tulichek, lo que resulta de carácter urgente por tratarse de posibles escenarios de inhumación clandestina.

Entre las acciones requeridas se encuentran la intervención inmediata del Ministerio Público, el resguardo de las zonas, la preservación de indicios conforme a la cadena de custodia y la participación de servicios periciales especializados, así como el uso de tecnología como georradar para la búsqueda.

No obstante, existe una falta de respuesta formal por parte de la FGE, lo que constituye una omisión institucional que vulnera el derecho de petición, pone en riesgo la conservación de evidencia y puede derivar en la revictimización de las familias.

Ante ello, el Congreso del Estado aprobó un exhorto integral para que la Fiscalía informe sobre el estado que guardan las solicitudes, detalle las acciones realizadas o por realizar y garantice que las diligencias se desarrollen con enfoque de derechos humanos y máxima protección a las víctimas.

En ese sentido las diputadas inicialistas expresaron un reconocimiento al trabajo de los colectivos de búsqueda, subrayando que la labor que realizan representa una exigencia legítima y reiteraron la obligación del Estado de responder con sensibilidad, eficacia y compromiso ante una problemática que no admite demoras.