Los legisladores locales analizan limitar el servicio de agua potable.
Redacción/Columnaocho
El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Baja California, presidido por Carlos Jiménez Ruiz, quien es acompañado por la secretaria general, Guadalupe Gutiérrez Fregozo, el diputado David Ruvalcaba y los titulares de los cinco Comités Directivos Municipales: Sergio Almazán Olachea, en Ensenada; Roberto Martín del Campo, en Mexicali; Cristian Medina Peña, en Rosarito; Javier Pérez, en Tecate, y Edna Mireya Pérez Corona, en Tijuana, expresan su rechazo al Dictamen No.1 de las Comisiones unidas de Justicia, Hacienda y Presupuesto.
El citado dictamen tiene como propósito reformar la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado, la Ley que reglamenta el Servicio de Agua Potable; el Código Fiscal estatal y la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2020, con el propósito de reducir de tres a un mes, el adeudo en el consumo de agua para proceder al corte del servicio y vulnerar el Estado de Derecho al aplicar la retroactividad de 10 años en la estimación del gasto de agua a quienes se les detecte tomas comerciales, industriales y turísticas no registradas o clandestinas.
“La iniciativa atenta contra los artículos 4º y 115º constitucionales, contra el 146 del Código Fiscal de la Federación y contra los derechos humanos, ya que causaría una afectación de manera directa a las familias bajacalifornianas, por lo que no podemos estar de acuerdo con ella. Quiero puntualizar que nosotros no estamos a favor de las tomas clandestinas ni de ninguna otra irregularidad, sino que estamos a favor de la legalidad, una legalidad que no caiga en los excesos que plantea esta iniciativa. De modo que el PRI votará en contra de dicho dictamen, una vez que sea presentado ante el pleno del Congreso”, enfatizó el dirigente estatal.
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