Fortalece UABC sus ejes de justicia, bienestar y paz universitaria

-En sesión del Consejo Universitario se designó nuevo titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios y se aprobaron planes estratégicos en salud mental y cultura de paz.

Redacció/Columnaocho

Tijuana.- El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) sesionó en el Gimnasio Universitario del Campus Tijuana, donde se abordaron diversos puntos de trascendencia para el fortalecimiento académico y normativo de la institución, así como para la consolidación de su estructura organizacional.

Con relación a temas institucionales estratégicos, se llevó a cabo el nombramiento del doctor Carlos Barboza Castillo como titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU) para el periodo 2025-2029, fortaleciendo con ello los mecanismos institucionales de justicia y defensa de los derechos de la comunidad cimarrona.

El doctor Carlos Barboza Castillo es profesor de asignatura en la Facultad de Derecho Tijuana. Es doctor en Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos por la UABC, maestro en Administración Pública por la Universidad Iberoamericana del Noroeste y licenciado en Derecho por la misma Facultad en la que actualmente labora.

Cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito jurídico y político. Se ha desempeñado como fiscal electoral, diputado local, regidor y director general de Gobierno del Ayuntamiento de Tijuana. Desde 2010, ejerce como abogado en la Consultoría de Baja California. Asimismo, ha participado en espacios de actualización en temas como violencia política de género, medios de impugnación electoral y métodos de investigación jurídica.

Entre sus distinciones académicas destacan la mención honorífica obtenida en su tesis doctoral, su participación como consejero técnico y universitario en órganos colegiados de la UABC, así como su contribución como miembro fundador del Comité de Prevención y Atención de la Violencia de Género (COPAVIG) en el Campus Tijuana.

La DDU es un órgano dotado de autonomía técnica con atribuciones para la promoción, defensa y salvaguarda de los derechos humanos de la comunidad universitaria en el marco de los valores fundamentales que sustentan la identidad cimarrona. Además, se encarga de vigilar y, en su caso, defender el respeto irrestricto de los derechos humanos de la comunidad universitaria, además de promover su enseñanza y difusión.

La persona titular durará en su encargo hasta cuatro años y no podrá ser reelegida. Se apoyará en al menos tres personas defensoras adjuntas, una por cada campus, y tendrá una relación colaborativa paralela y coadyuvará estrechamente con la Unidad de Género, Diversidad e Inclusión Educativa (UGDIE).

Salud mental
También se presentó y aprobó el programa y plan de trabajo para la atención de la salud mental en la comunidad universitaria, con base en el Plan de Desarrollo Institucional 2023-2027. Este instrumento se enmarca en la prioridad institucional de promover el bienestar integral —físico, mental y educativo— y en la estrategia que contempla la conformación de Comités de Salud Mental, enfocados en la prevención, intervención en crisis y canalización especializada. Asimismo, se fundamenta en reformas recientes a la Ley General de Salud, así como en marcos internacionales como la Agenda 2030 y el Plan de Acción sobre Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que reconocen la salud mental como un derecho humano.

Durante 2024, en coordinación con el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo y la Coordinación General de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar, se aplicó un segundo diagnóstico a más de 18 mil estudiantes, cuyos resultados revelaron una alta prevalencia de sintomatología asociada con problemas de salud mental. El 41.4 % presenta síntomas de depresión de nivel medio a alto, mientras que el 42.7 % reporta síntomas de ansiedad en el mismo rango. Asimismo, el 36 % mostró indicios de trastornos de la conducta alimentaria, frecuentemente asociados con ansiedad y depresión. Estas cifras superan los promedios globales reportados en estudios recientes y reflejan la urgencia de atender la salud emocional en el entorno universitario.

Los hallazgos del estudio reflejan aspectos positivos en la comunidad universitaria, al evidenciar que una proporción importante del estudiantado cuenta con habilidades para la autorregulación emocional, así como con redes de apoyo significativas. Cerca del 46% reportó niveles moderados a altos de autoeficacia en el manejo de sus emociones, lo que indica una capacidad favorable para enfrentar el estrés y los desafíos cotidianos. Además, se identificó la presencia de vínculos sociales, recurso fundamental para fortalecer el bienestar psicológico. Estos factores representan una base valiosa sobre la cual pueden impulsarse estrategias de promoción de la salud mental.

El programa se rige por principios como el bienestar, la accesibilidad, la no discriminación, la confidencialidad y la reducción del estigma. Sus objetivos específicos incluyen la implementación de campañas educativas, acciones preventivas, fortalecimiento del sistema de apoyo, fomento de una cultura universitaria inclusiva, evaluación continua de estrategias, impulso a la investigación y establecimiento de alianzas estratégicas. Todas las líneas de acción están acompañadas de indicadores e instrumentos de seguimiento, lo cual garantiza una intervención sistemática y sostenible orientada a la mejora continua del bienestar mental en la comunidad universitaria.

Cultura de la paz
Durante la sesión se aprobó la ratificación del Plan de Trabajo 2025 del Programa Institucional para la Cultura de Paz (PICP), el cual contempla una serie de acciones a desarrollar en la UABC con base en los principios de paz universitaria y las directrices establecidas en su documento rector de 2023. Estos principios incluyen el respeto a los derechos humanos, la no discriminación, la valoración de la diversidad, la ética del cuidado, la inclusión, la resolución pacífica de conflictos, la equidad, el cuidado ambiental, la vivencia de valores universitarios y la colaboración activa entre los distintos sectores de la comunidad.

El plan integra las funciones sustantivas de la universidad —docencia, investigación y extensión— como eje para fomentar la cultura de paz, involucrando de manera activa a estudiantes, personal docente, administrativo, directivo y de servicios. Entre las acciones programadas se encuentran la elaboración de una guía para la inclusión desde el lenguaje, decálogos sobre discapacidades, la creación del violentómetro universitario y una consulta diagnóstica sobre violencias e índices de discriminación. También se contemplan iniciativas centradas en la diversidad, como una ruta de reexpedición de documentos por cambio de identidad, un protocolo de atención a la diversidad sexogenérica y una jornada de autodeterminación intercultural.