La dependencia presentó dos denuncias ante la Fiscalía Estatal en contra de los responsables del lugar, debido a que trataron de sobornarlos con el fin de que retiraran los sellos de clausura para continuar operando.
Redacción/Columnaocho
Con la finalidad de seguir puntualmente las instrucciones del Gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez en torno a mantener una política de cero tolerancia en actos de corrupción, personal de la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) de esta ciudad, detectó diversas irregularidades en un consultorio médico que operaba en el fraccionamiento El Dorado Ranch, en el puerto de San Felipe.
En ese sentido, COEPRIS presentó dos denuncias ante la Fiscalía Estatal en contra de los responsables del lugar, debido a que trataron de sobornarlos con el fin de que retiraran los sellos de clausura para continuar operando.
El Director de la COEPRIS, Marco Aurelio Gámez Servín, precisó que se trata de la clínica Baja Medical, la cual fue clausurada desde el pasado 13 de junio luego de que se recibieron una serie de quejas por parte de los propios trabajadores que denunciaron que no contaban con medidas de seguridad, ni protocolos para la prevención de casos de COVID-19; incluso seis empleados resultaron positivos, entre ellas la propia administradora del lugar.
De las irregularidades detectadas, Gámez Servín, señaló que se trata de un consultorio médico que ofrece servicios de clínica, sin contar con la autorización correspondiente: no tiene aviso de funcionamiento, no aplica protocolos de seguridad e higiene para trabajadores y pacientes, falta de sanitización, carece de equipo de esterilización para el instrumental quirúrgico, no cuenta con deposito especial para los residuos peligrosos biológicos infecciosos (RPBI).
Además, no se encontró título o cédula profesional del médico responsable, por lo que se procedió a la clausura inmediata del lugar.
Asimismo, informó que una persona que se identificó como director del lugar, de nombre Edgar Orozco, trató de sobornar a los verificadores al ofrecerles 500 dólares para que retiraran los sellos del lugar sin haber solventado las observaciones mencionadas.
Posteriormente, les ofreció dos mil 500 dólares y un fin de semana en las instalaciones del Dorado Ranch, para evitar la clausura del lugar.
A pesar de que el establecimiento fue cerrado, durante un actual recorrido de trabajo por el puerto de San Felipe, personal de la COEPRIS se percató que había movimiento en el sitio y al llegar se dieron cuenta que los sellos habían sido violados y en el interior se encontraba una persona laborando que se identificó como la administradora del lugar.
Ante tal situación, de nueva cuenta se instalaron los sellos de clausura y se levantó el acta correspondiente sobre los hechos.
Al continuar con las investigaciones en torno a la operación de este establecimiento, las autoridades estatales descubrieron que existe un adeudo por concepto de impuesto predial por un total de 60 millones de pesos, así como de un millón 600 mil pesos de adeudo de agua y la revalidación de los permisos para la venta de alcohol en el restaurante-bar del lugar.
Por lo que corresponde a la COEPRIS, se procedió a presentar dos denuncias ante la Fiscalía estatal por intento de soborno a los funcionarios públicos y la remoción de los sellos; además de que se dio aviso de los hechos a la Secretaría de Honestidad y la Función Pública, a fin de que se deslinden responsabilidades.
Gámez Servín, destacó que se trata de un hecho sin precedente en la actual administración, debido a que es la primera ocasión en que se procede legalmente en contra un establecimiento por el delito de intento de soborno.
Finalmente, reiteró que las instrucciones del Gobernador del Estado, y el Secretario de Salud, Alonso Óscar Pérez Rico, son muy precisas para no permitir actos de corrupción e irregularidades en establecimientos y proceder legalmente en todos los casos que sea necesario, por lo que así se ha trabajado en la COEPRIS bajo la coordinación del Titular David Gutiérrez Inzunza.
