Enviamos nuestro pésame a la familia y nos unimos a su petición de justicia”, sentenció
Redacción/Colummaocho
La gobernadora del Estado, Marina del Pilar Avila Olmeda, condenó el asesinato de Margarito Martínez Esquivel, periodista gráfico radicado en la ciudad de Tijuana, quien se desempeñaba en varios medios de comunicación.
“A nombre de quienes integran mi Gobierno y del mío propio, deseo manifestar no solamente mi más sentido pésame y absoluta solidaridad con sus deudos, sino también mi más enérgica condena frente a este crimen, sumándonos a su exigencia de justicia”, advirtió la mandataria.
“Confiamos en el trabajo de la Fiscalía General del Estado para resolver este lamentable hecho y que no permanezca impune”, concluyó.
Los diputados del PAN presentaron una propuesta de reforma para que no se repitan las persecuciones, amenazas y extorsiones en el cobro del agua que denunciaron los empresarios e industriales por empresas como Fisamex, que avaló el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Y cuyas denuncias y demandas de amparo podrían generar que el Gobierno del Estado tenga que regresar más de mil 200 millones de pesos por cobros irregulares y que serían en perjuicio de las finanzas de la administración pública.
Por eso, los diputados de Acción Nacional, Alejandrina Corral, Amintha Briceño y Diego Echevarría Ibarra presentaron la iniciativa de reforma a la Ley que Regula el Servicio de Agua Potable en Baja California.
La iniciativa proponer modificar el numeral 96 que actualmente permite que por una auditoría se pueda clausurar una empresa o industria como medida coactiva y represiva de cobro del agua, sin embargo sí debe de haber sanciones ante el incumplimiento, por ello se mantiene la medida de suspensión del servicio después que se adeuden por lo menos tres meses del servicio tratándose de usuarios no domésticos, al considerar que el agua es fundamental y se debe de pagar.
También se reforma la ley para que el trato sea igual entre usuarios domésticos y no domésticos y se puedan hacer cálculos de cobros por servicio de agua no enterados o no registrados de hasta 5 años anteriores y no de diez como estipula actualmente la ley, en perjuicio de estos últimos.
La propuesta surgió porque en marzo del año pasado, el ahora ex gobernador Jaime Bonilla contrató a la empresa Romafam S.A de C.V, conocida como Fisamex para realizar auditorías por supuestos adeudos en el servicio del agua, y durante el tiempo en función recaudó mil 812 millones de pesos, según el último reporte del 29 de septiembre del 2021.
Lo que causó una serie de denuncias penales, demandas y amparos ante tribunales federales en contra de la empresa y del propio Gobierno del Estado por señalar presuntas amenazas, peculado y extorsión, al exigir los pagos amagando con suspender o clausurar el negocio.
Además la ley les permitía clausurar una empresa sin el derecho de defensa y presentación de pruebas, lo que generó incertidumbre en el estado de derecho y certeza jurídica, dejando al usuario en indefensión, todo eso en perjuicio de los bajacalifornianos.
La iniciativa de reforma fue presentada junto con Mario Osuna Jiménez, dirigente estatal del PAN, ante Oficialía de Partes del Poder Legislativo para su análisis y discusión, para que realmente exista un Estado legal, con certeza jurídica y atractivo para nuevas inversiones y desarrollo económico para toda la población.
Los propietarios de estos autos, fueron víctimas de la corrupción con sus aportaciones, y las extorsiones hicieron multimillonarios a funcionarios corruptos
Redacción/Columnaocho
Utilizando la tribuna del Congreso del Estado, el Diputado Manuel Guerrero Luna, presentó un posicionamiento tras el anuncio de iniciar con el proceso de regularización de los vehículos “chocolate”, en la entidad.
El legislador comentó que la acción normativa establecida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, representa terminar con una problemática de décadas y sexenios.
Al principio del problema muchas familias de escasos recursos se vieron en la necesidad de utilizarlos sin legalizar su circulación, explicó, ya que por lo general eran personas desempleadas que se dedicaban al comercio informal y era un sustento de sus familias.
Sin embargo, Guerrero Luna expresó que durante sexenios, ante la ilegalidad los dueños de los carros “chocolate” , fueron extorsionados por distintas autoridades, sin que ningún gobierno mostrará un apoyo o solución a la problemática.
“Eran extorsionados por policías corruptos que les pedían dádivas para no llegar sus autos al corralón y decomisarlos” , puntualizó.
En relación a las asociaciones y agrupaciones que vendían una supuesta y jurídica protección (placas falsas) el Diputado subrayó que desde ese momento iniciaba el ciclo de la corrupción.
“Todos los propietarios de estos autos, fueron víctimas de la corrupción con sus aportaciones, y las extorsiones hicieron multimillonarios a funcionarios corruptos de todos los niveles, siendo durante mucho tiempo sangrados en su economía familiar”, expresó.
