De manera responsable, los senadores de la República deberán estar atentos a su estricta aplicación
Redacción/Columnaocho
Ciudad de México. – La nueva Ley de Outsourcing aprobada este día en comisiones del Senado de la República pretende regular a quienes hacen uso de esos servicios para garantizar las justas prestaciones sociales a la que tienen derecho todos los trabajadores mexicanos, señaló la senadora Nancy Sánchez Arredondo.
Durante su participación en las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos Segunda, donde se aprobó sin votos en contra el dictamen correspondiente, la legisladora del Grupo Parlamentario de Morena destacó que la nueva reglamentación devuelve a los trabajadores una serie de garantías sociales de primer orden.
Son, dijo, las garantías básicas que toda sociedad de cualquier país del mundo debe considerar como son los derechos a la salud, acceso a vivienda, estabilidad laboral y una jubilación al término de su ciclo de vida laboral.
“No se trata de hablar de la viabilidad económica de las empresas solamente y si seremos más o menos competitivos, pero tampoco podemos permitir que una empresa base su capacidad financiera en retirar las prestaciones mínimas de ley”, subrayó.
Sánchez Arredondo planteó que el decreto que modifica diversas Leyes en materia de Subcontratación Laboral, lo que intenta es propiciar que haya derechos laborales, que pueda haber jubilación y reparto de utilidades, así como evitar la creación de empresas fantasmas que después no asumen responsabilidades en despidos.
“Y esto tiene un gran beneficio para los trabajadores”, puntualizó.
La legisladora indicó reconoció que existen empresas de outsourcing responsables y que sus servicios son de vital importancia para quienes las contratan, mismas que hoy tendrán que adaptarse a las nuevas exigencias y reglas, como el mundo lo está haciendo con el Covid19.
Subrayó que de hecho el mismo sector público utiliza la tercerización para bajar costos, de manera que con las reformas se pretende esencialmente que en los casos que aplica su uso, se cumpla con la responsabilidad social laboral.
Insistió en que todas las legislaciones del mundo en mayor o menor escala contemplan las prestaciones sociales básicas para los trabajadores de las empresas y del sector público y persiguen y sancionan a quien incumpla.
“No se está exigiendo más”, precisó.
La senadora Sánchez Arredondo alertó que ante la posibilidad de que algunas empresas busquen mecanismos para evadir sus responsabilidades, como el uso de esquemas de cooperativas o la de honorarios o asimilados a salarios, reiteró que ninguna ley es perfecta pero sí, sin duda, perfectibles.
Advirtió que corresponderá ahora a la Secretaría del Trabajo observar la correcta aplicación y evitar desvíos de nuevo a la figura del outsourcing.
En el documento aprobado se precisa que, para la implementación de esta reforma, habrá un periodo de tres meses a efecto de que las empresas incorporen a los trabajadores que están subcontratados, como empleados permanentes.
Señala que el outsourcing menoscaba al fisco federal con la expedición de facturas que surgen de la simulación, además elude el cumplimiento de las responsabilidades y cargas de seguridad social, “connaturales a toda relación de trabajo”.
En este sentido, la reforma establece que el patrón que no permita la inspección y vigilancia, que las autoridades del trabajo ordenen en su establecimiento, será acreedor de una multa de 250 a 5000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Además, a quien realice subcontratación, así como a las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación, sin contar con el registro correspondiente, conforme a lo establecido en la ley, se le impondrá multa de dos mil a 50 mil veces la UMA.
