Dar sustento y contenido formal a los programas de seguridad escolar, con pleno respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes
Redacción/Columnaocho
Mexicali.- La diputada Araceli Geraldo Núñez, presentó una iniciativa para reformar los artículos 73, 74 y adicionar el artículo 75 BIS de la Ley de Educación del Estado de Baja California, con el objetivo de dar mayor seguridad escolar mediante el operativo “Mochila Segura”, pero estableciendo los protocolos y debidos procedimientos legislativos, bajo la coordinación de instituciones educativas, órganos de gobierno y comunidad de padres de familia.
El clima social que se vive en los centros escolares, es el resultado del conjunto de interacciones, vivencias, aspectos estructurales, emocionales y motivacionales que influyen en el estudiante, sin embargo, consideramos que el papel de quienes se dedican a la educación puede influir en gran medida a prevenir actos como los que han venido sucediendo en el Estado, así como a prevenir futuros acontecimientos, en coordinación con autoridades de gobierno relacionadas a la educación y a la seguridad pública.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró este programa como violatorio de derechos fundamentales, mientras no se lleve a cabo bajo un esquema legislado y conforme a protocolos previamente establecidos, por lo que es necesario llevar a cabo una legislación apegada a la Constitución General de la República, para dar sustento y contenido formal a los programas de seguridad escolar, siempre y cuando, en los respectivos ordenamientos se observe pleno respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
A pesar de que en la actualidad no existe una legislación clara y precisa relativa al operativo “Mochila Segura”, y el cómo se debe desarrollar este procedimiento, no imposibilita a las autoridades para que cuando adviertan un riesgo inminente de consumación de un delito, puedan intervenir, ya sea para erradicarlo o para prevenirlo, por lo que la legisladora inicialista indicó que, “vemos como legisladores, que es necesario no dejar este tema en el olvido de una resolución judicial”.
