TIJUANA, BC.- La Asociaciòn Civil “Retos y Logros Cumplidos” se pronunció por el cumplimiento de la nueva Legislación en materia de Desarrollo Urbano y Protección Civil, con la finalidad de que las autoridades garanticen el desarrollo de las familias en ciudades seguras.
El abogado del organismo ciudadano, Jorge Alberto Germán Escárcega, recordó que durante este año, el Congreso del Estado dio importantes avances, al aprobar reformas en las leyes de desarrollo urbano Y de protección civil.
Dijo que como parte de las reformas legales, en materia de protección a la ciudadanía, destacan las modificaciones a la Ley de Desarrollo Urbano, que prevé estrictas regulaciones para el otorgamiento de autorizaciones para la instalación de establecimientos que comercializan GAS LP.
Dicha reforma se publicó en el Periódico Oficial del Estado el día 13 julio de 2018, mediante la cual se prohíbe que las autoridades Municipales continúen otorgando más permisos para instalación de plantas de almacenamiento, distribución y estaciones de carburación, en las colonias y centros de población existentes en los Municipios de Baja California, explicó el abogado defensor de la asociación civil.
Además, explicó que se ordena que esas negociaciones sólo puedan instalarse cumpliendo con la Planeación Estatal, en nuevos fraccionamientos en los que se les tenga asignada un área específica que cumpla con las medidas de seguridad y servicios necesarios para garantizar el derecho que tienen todos los residentes a vivir en ciudades seguras, libres de riesgos.
Sin embargo, destacó que las autoridades Municipales se resisten a cumplir con esas reformas, pues siguen otorgando permisos sin cumplir con la de Desarrollo Urbano vigente, y además los permisos que se siguen otorgando violan la moratoria que emitió el Cabildo de Tijuana, que prohíbe otorgar autorizaciones para establecimientos de gas LP, a partir de noviembre de 2016 hasta la fecha.
Resaltó que sin justificación alguna se pone en riesgo a la ciudadanía, al permitir que se sigan instalando más negociaciones que no cumplen con la ley ni con las medidas de seguridad, y que tarde que temprano pueden ocasionar daños a la salud, al medio ambiente y la población.
En este sentido, el litigante tijuanense destacó que por lo que es necesario que el Congreso del Estado, tome cartas en el asunto, y a través de sus comisiones exhorte a las autoridades Municipales para el cumplimiento de la ley.
Advirtió que de lo contrario será necesario que se dicten leyes que sanciones como delito con pena de cárcel para los servidores públicos que sigan con el otorgamiento de permisos para la instalación de establecimientos de gas L.P., que no cumplan con la ley y que pongan en riesgo a la ciudadanía.
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Piden aplicar nueva legislacion de desarollo urbano y proteccion civil
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Lograr una plena reinserción social y favorecer los derechos humanos: dip. Job Montoya
Prohibir el requisito de presentar constancia de antecedentes penales
Redacción/Columnaocho
Prohibir el requisito de presentar constancia de antecedentes penales para obtener o conservar un empleo, a fin de favorecer los derechos de aquellas personas que buscan una nueva oportunidad de vida, tras haber cumplido con su sentencia, es el objetivo de la iniciativa de reforma presentada ante el Pleno del Congreso del Estado, por el diputado Job Montoya Gaxiola, en conjunto con las diputadas Claudia Agatón Muñiz y Mónica Hernández Álvarez.
El legislador puntualizó que quedan exentos los casos específicos del sector público, en los cuales la Ley contemple este requerimiento. En ese sentido, precisó que la contravención de esta disposición será considerada un acto de discriminación. La propuesta fue presentada ante esta Soberanía, bajo la coordinación del diputado Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva de la Vigésima Segunda Legislatura.
Durante su exposición de motivos, Montoya Gaxiola destacó que la propuesta busca favorecer los derechos humanos, para que quienes hayan cumplido con su condena logren una plena reinserción social y con ello desinhibir la posibilidad de volver a delinquir por sentirse excluidos y discriminados.
Se propone reformar los artículos primero y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 3 y 133 de la Ley Federal del Trabajo; y el artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en lo referente el requisito de presentar constancia de antecedentes penales para obtener empleo.
Destacó que esta situación afecta de forma integral al solicitante y a sus familias, toda vez que al acudir a solicitar un empleo, se les pide un documento expedido por la autoridad en el que se haga constar sus antecedentes no solo penales, sino incluso familiares. Agregó: “los antecedentes penales se han convertido en un condicionamiento para lograr un empleo o un trabajo o, incluso, para conservarlo cuando ya se tiene”.
Con esto, “se está ejerciendo un acto discriminatorio y se está violentando lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: ¨A ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial”, aseveró.
Por ello, el congresista determinó: “Es de suma importancia poder ofrecer a toda persona otra oportunidad ante la posibilidad de un proyecto de vida digna, frente al estigma que de por si vive posterior al internamiento en la prisión, en su caso, lo que le hace sentir, en muchas ocasiones, que sigue preso, motivando la generación del fenómeno de la ´puerta giratoria´, es decir, la reincidencia, que es la antítesis de la reinserción social efectiva”.
La iniciativa de Ley presentada fue turnada a la Comisiones Unidas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y la de Justicia, para su análisis y posterior dictaminación.