-Se establecen en el artículo 7 de la Constitución Política de B.C.
-Fueron tomadas en cuenta las opiniones de las comunidades indígenas y afromexicanas.
Redacción /Columnaocho
Mexicali.- La XXIV Legislatura aprobó en Sesión de Pleno, la reforma al artículo 7 de la Constitución Política del Estado a fin de incorporar los derechos políticos-electorales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas radicados en Baja California, de acuerdo a la iniciativa presentada por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, en fecha 20 de septiembre de 2021.
El diputado Juan Manuel Molina García, en su calidad de presidente de las Comisiones Unidas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y Asuntos Indígenas y Bienestar Social, dio lectura al Dictamen 1, cuyo contenido establece las bases normativas para un efectivo ejercicio de derechos políticos de las personas indígenas, respetando la perspectiva de género en condiciones de igualdad sustantiva en el ejercicio de sus derechos a votar y ser votados.
En el uso de la voz, la legisladora Evelyn Sánchez agradeció a los 25 diputados, así como sus respectivos equipos de trabajo, al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Instituto Estatal Electoral, por su participación en la etapa consultiva e informativa de la denominada Consulta Indígena 2023.
También mencionó que fue un proceso de mucho esfuerzo en donde se obtuvo este gran resultado, en beneficio de todas las personas indígenas y afromexicanas de nuestro Estado”.
Por su parte el diputado Molina García, destacó que el primer logro de esta legislatura fue revestir la importancia del tema indígena, “por primera vez en la historia del Poder Legislativo, se cuenta con una Comisión Indígena que además es dictaminadora, lo cual fue un factor decisivo para obtener este producto legislativo, que el día de hoy nos ocupa”.
Añadió que, esta reforma representa la garantía de que las personas indígenas y afromexicanas, integren su representación en el Congreso y en todos los cabildos de los municipios, para que sus voces sean escuchadas.
Nunca en la historia de Baja California se había llevado a cabo un proceso como el que realizó la XXIV Legislatura, en donde a través de una fase informativa y otra consultiva, se instalaron 12 sedes simultaneas, contando con la participación de cientos de personas indígenas y afroamericanas, para tomar en consideración sus opiniones, siendo directamente consultados, para el contenido de la reforma constitucional.
Cabe mencionar que, durante la votación de la iniciativa de mérito, se presentaron dos reservas, la primera por parte de la diputada Dunnia Montserrat Murillo López en conjunto con el diputado Juan Manuel Molina García, y la segunda por conducto del último legislador mencionado.
La reserva denominada 1, es con el fin de detallar la definición amplia de los pueblos indígenas nativos que contempla a los Kiliwas, Kumiais, Pa Ipais, Cucapás, Cochimíes y Ku´ahles.
Mientras que la reserva 2, especifica que, una vez publicada la reforma en el Periódico Oficial del Estado, se determina un plazo que no exceda de 30 días para que el Congreso del Estado, realice las reformas necesarias a las leyes secundarias, debiendo abarcar como mínimo la Ley Electoral y la Ley de Derechos y Culturas Indígenas, ambas de Baja California.
Por último, el resolutivo segundo del Dictamen aprobado, prevé que se remita una copia certificada, al Tribunal de Justicia Electoral del Estado, para solventar el Recurso de Inconformidad RI-30/2018, que vincula al Poder Legislativo de Baja California, a realizar adecuaciones al marco jurídico constitucional y leyes secundarias, para garantizar el derecho fundamental de mujeres y hombres indígenas a votar y ser votados, en condiciones de igualdad sustantiva
