-“Debemos fortalecer el quehacer institucional ante la emisión oportuna de las órdenes de protección”: diputada Alejandra María Ang Hernández.
Redacción/Columnaocho
Mexicali.- En Sesión Ordinaria de Pleno del Congreso estatal, fue aprobada por unanimidad la propuesta de la diputada Alejandra María Ang Hernández, donde solicita de forma respetuosa al Fiscal General del Estado de Baja California, presentar un informe integral por escrito a la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes, sobre el estado que guarda el funcionamiento y operatividad de la institución a su cargo, específicamente en materia de violencia feminicida del año 2021 a la fecha.
Resaltó que el Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes, ha llevado a cabo acciones contundentes para atender las recomendaciones emitidas por las autoridades para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, “siendo una de ellas la iniciativa presentada por su servidora el junio de 2022, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, con el objeto de fortalecer el quehacer institucional ante la emisión oportuna de las órdenes de protección, trabajo legislativo que conllevo diferentes mesas de trabajo en donde participaron distintas Instituciones Públicas y Organizaciones de la Sociedad Civil”.
Subrayó que actualmente se contemplan diferentes programas de sensibilización, capacitación y profesionalización para las personas servidoras públicas; labores de armonización normativa, aplicación de protocolos, creación de escuadrones policiales especializados en materia de género, entre otras diversas medidas, en distintos entes públicos, sin embargo, esto no ha sido suficiente.
Tan es así, que el pasado 15 de enero fue encontrada sin vida la joven Daryela Valdez Rocha de 24 años de edad, víctima de feminicidio, quien había presentado varias denuncias por los delitos de Violencia Familiar y Amenazas contra su expareja sentimental, desde el mes de junio del 2022, la Fiscalía General del Estado (FGE) tenía conocimiento de ello, posteriormente en el mes de Julio, a través de una segunda denuncia por Amenazas, manifestó que temía por su vida después de que se atentara contra ella, y en respuesta, la FGE resolvió conceder vigilancia parcial en su domicilio por parte de agentes municipales por 30 días, además de recomendarle no salir de la entidad, medida que produce una severa revictimización.
Como gobierno, tenemos la obligación Constitucional, legal, pero sobre todo humana, de dar a las ciudadanas la seguridad de que, en el momento en que decidan con valor y confianza, denunciar a personas agresoras, las autoridades tomarán todas las medidas pertinentes y eficientes para garantizar su integridad; obligación que ya se encuentra establecida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, que en su artículo 42 señala las obligaciones de la Fiscalía para implementar las órdenes de protección, mismas que también se señalan en las leyes de Procedimientos Penales.
Estas obligaciones tienen como finalidad abatir cualquier forma de violencia contra la mujer, especialmente los feminicidios.
En este sentido, es importante se reconozcan los riesgos o amenazas hacia las mujeres, al identificar el peligro y las medidas a implementar, acelerar la aplicación de las órdenes de protección en el plano estatal para las mujeres que se enfrentan a riesgos y adoptar las medidas necesarias para mantener la duración de las órdenes de protección hasta que la víctima de la violencia deje de estar expuesta al riesgo.
“Todo esto debe transitar mediante la coordinación de los distintos Entes Públicos, por ello, en la búsqueda de la efectividad de la función pública estatal ante la Alerta de Violencia de Género y la prevención de feminicidios, desde esta Tribuna solicito de forma respetuosa al Fiscal General del Estado de Baja California presentar un informe integral por escrito, sobre el estado que guarda el funcionamiento y operatividad de la Institución a su cargo, específicamente en materia de violencia feminicida, y con ello, seguir implementando mecanismos de coordinación y acciones contundentes para la erradicación de cualquier forma de violencia contra la mujer en nuestro Estado”, finalizó.
