Pide diputado Diego Echavarría investigar auto asignación de seguridad privada con cargo al erario para exfuncionarios del sistema penitenciario.

-Denuncia que presumiblemente se realizaron cobros por preliberaciones de reos.

Redacción/Columnaocho

La auto asignación de agentes estatales para seguridad privada a beneficio de exfuncionarios y sus familias, debe de investigarse y ser sancionada en caso de encontrar irregularidades, expuso el diputado Diego Echevarría Ibarra.

Ante el pleno legislativo, emitió y fue aprobado por la mayoría de los legisladores el punto de acuerdo dirigido a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, para que instruya y dé seguimiento a las investigaciones a través de la Secretaría de Honestidad y de la Función Pública que encabeza Rosina del Villar Casas.

Donde además de la auto asignación de agentes para seguridad personal de Amador Rodríguez Lozano y Jesús Núñez Camacho, que integraban el sistema estatal penitenciario, se de curso a investigar los hechos de una denuncia por presunta corrupción al interior de las penitenciarías del Estado.

Echevarría Ibarra puntualizó que la denuncia fue interpuesta por la organización Ciudadanos por la Dignificación del Sistema Estatal Penitenciario quienes reclaman actos de corrupción como el cobro para entrega de bases laborales, solicitud de cuotas a los familiares para beneficios de los internos o asignar comodidades, incluso cobro para acceder a la libertad a través del indulto o la preliberación.

También puntualizó que la asignación de 3 agentes para Rodríguez Lozano como ex secretario general de gobierno y a Núñez Camacho como ex comisionado del sistema, ademas de dos agentes para sus familias por turno, es injustificada.

Donde además se asignaron directamente tres días antes de terminar la anterior administración, 2 automóviles oficiales con recursos públicos para mantenimiento y gasolina para cada uno de ellos.

El diputado del PAN, criticó que los ex funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla hayan justificado el gasto al sentir riesgo de vida por presos vinculados a organizaciones criminales del narcotráfico o por terrorismo, cuando el sistema estatal penitenciario se aprobó hace apenas 18 meses y Núñez Camacho asumió el cargo durante únicamente 6 meses, pretendiendo una protección mínima de un año.

“Está acción es un evidente abuso del poder que implica desvío de recursos públicos, además de constituir un acto inmoral por donde se vea, ante las necesidades que existen en materia penitenciaria y de seguridad pública” remarcó el legislador.