-La detención de esta persona que se identifica como integrante de un grupo criminal del vecino Estado, se realizó en atención a una solicitud formal de colaboración interinstitucional derivada de una orden de aprehensión vigente.
Redacción/Columnaocho
Hermosillo.- Elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizaron la detención de Víctor Hugo “N”, de 51 años de edad, en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente emitida por el delito de extorsión agravada por autoridades del Estado de Baja California.
La acción se efectuó en la intersección de calle Quinta de las Torcazas y avenida Del Paseo, en la colonia Nueva Galicia, en Hermosillo, Sonora, como parte de los mecanismos de colaboración interinstitucional entre las Fiscalías de ambas entidades.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, los hechos que motivaron el mandamiento judicial se registraron en enero de 2026, en el Ejido Durango, perteneciente al municipio de Mexicali, Baja California, donde el propietario y/o representante de una empresa habría recibido llamadas telefónicas mediante las cuales se le exigía el pago de 15 mil pesos anuales y mil pesos mensuales, bajo el argumento de otorgarle “protección” para permitirle continuar con sus actividades comerciales.
Durante las comunicaciones, el interlocutor se habría identificado como integrante de una célula delictiva conocida; ante las exigencias, la víctima realizó dos depósitos de cinco mil pesos cada uno, hechos que forman parte de los datos incorporados a la investigación.
Tras su detención, la persona requerida quedó a disposición de las autoridades competentes del Estado de Baja California, quienes continuarán con el procedimiento penal correspondiente ante la autoridad judicial que emitió el mandamiento.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrenda su compromiso de fortalecer la coordinación con las instituciones de procuración de justicia del País para combatir los delitos de alto impacto y llevar ante los tribunales a quienes sean requeridos por la autoridad judicial, siempre bajo los principios de legalidad, debido proceso y respeto irrestricto a los derechos humanos.
