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-Cuando el delito se realice por más de cinco personas, se les aplicará a los coautores la pena señalada en El artículo 226 del Código Penal

-Se disminuirá en una mitad si, en un término de setenta y dos horas a partir del requerimiento formal de la autoridad investigadora, se restituye a la parte ofendida en la posesión material del inmueble

Redacción/Columnaocho

Mexicali.- El Pleno aprobó el Dictamen No 27 de la Comisión de Justicia que se refiere a la Iniciativa de reforma al artículo 226 del Código Penal para el Estado de Baja California, presentada por la Diputada María Yolanda Gaona Medina.

De esta forma, cuando el despojo se realice por grupo o grupos que, en conjunto, sean mayores de cinco personas, se les aplicará a los coautores la pena señalada en este artículo.

Pero la misma se disminuirá en una mitad si, en un término de setenta y dos horas contadas a partir del requerimiento formal de la autoridad investigadora, se restituye a la parte ofendida en la posesión material del inmueble despojado.

Hasta agosto de este año 2025, según datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California en cuanto a la incidencia delictiva registrada ante la Fiscalía General del Estado de enero a agosto de este año, 864 nuevas carpetas de investigación se habían iniciado por el delito de despojo.

Lo señalado es el escenario actual que se vive en el Estado, en el que el descontento de los ciudadanos es cada vez mayor y la inseguridad e incertidumbre que sienten al salir de casa y no saber si la encontrarán ocupada por invasores es cada vez mayor.

Según expuso la inicialista, la Constitución Mexicana establece en el artículo 14 la garantía del debido proceso en la que se señala que: “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”

El delito de despojo tipificado en el ordinal 226 del Código Penal de Baja California, tiene como fin primordial garantizar el orden social y tutelar la posesión pacífica de los bienes inmuebles. Desafortunadamente, en nuestro Estado las estadísticas de la comisión de tal delito, han ido aumentando considerablemente.

Propone blindar por ley que los espacios exclusivos para personas con discapacidad sean utilizados únicamente por quienes los necesitan.

Redacción/Columnaocho

Mexicali.- Con el propósito de fortalecer la inclusión y garantizar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, la diputada Alejandra María Ang Hernández presentó una iniciativa de reforma a la Ley para las Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California, para reconocer de manera expresa su derecho al uso exclusivo de los espacios y servicios destinados a este sector de la población.

La propuesta plantea reformar el artículo 5 de la legislación estatal para establecer que los lugares y servicios diseñados para personas con discapacidad, como cajones de estacionamiento accesibles, rampas, espacios preferenciales e infraestructura adaptada, sean utilizados únicamente por quienes los requieren, evitando prácticas que limiten o vulneren su acceso.

La inicialista señaló que la inclusión debe entenderse como un derecho humano fundamental y no como una concesión, por lo que resulta indispensable consolidar un marco jurídico que elimine barreras físicas y sociales que aún enfrentan miles de personas en su vida cotidiana.

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Baja California más de 151 mil personas viven con alguna discapacidad visual, motriz, auditiva u otra condición que requiere medidas de accesibilidad y movilidad adecuadas para garantizar su participación plena en la sociedad.

En ese sentido reconoció que, en un paso importante hacia la inclusión, recientemente el Cabildo de Mexicali aprobó que personas con autismo puedan acceder a tarjetas de estacionamiento para discapacidad, conocidas como “Tarjetón Azul”. Sin embargo, refirió que a pesar de los avances normativos en materia de inclusión, persisten conductas que afectan el acceso y aprovechamiento de espacios reservados para personas con discapacidad.

La congresista enfatizó que el reconocimiento expreso de este derecho permitirá fortalecer las acciones de prevención y protección frente al uso indebido de espacios accesibles, además de brindar mayores herramientas a las autoridades para promover una cultura de respeto e inclusión, en beneficio de las personas con discapacidad y sus familias.