IEEBC viola la Constitución para notificar queja a periodista con el fin de satisfacer a Alcaldesa

Redacción/Columnaocho

Tijuana.- La actuación del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) en un procedimiento contra el periodista Said Betanzos no solo representa un posible atentado contra la libertad de expresión, sino también una violación directa al debido proceso constitucional.

Información recabada entre personal del propio Instituto indica que se giraron instrucciones para notificar medidas cautelares sin respetar el orden legal de las diligencias, privilegiando la rapidez del acto sobre el cumplimiento de las formalidades previstas en la ley.

Los artículos 14 y 16 de la Constitución establecen que ningún acto de autoridad puede ejecutarse sin un procedimiento previamente establecido, debidamente fundado y motivado, así como con notificaciones practicadas conforme a derecho.

A ello se suma el artículo 19 del Reglamento de Quejas y Denuncias del IEEBC, que señala de manera expresa que “serán nulas las notificaciones que se practiquen en términos diversos a los previstos en la Ley Electoral”.

La propia Ley Electoral, en su artículo 302, regula el procedimiento de notificación, mismo que —según los trabajadores— fue ignorado al instruirse intentos por cualquier medio disponible, incluidos mecanismos electrónicos, sin acreditar previamente la imposibilidad de una notificación personal.

De acuerdo con estos reportes internos, la prisa para concretar la notificación obedecía a la necesidad de que esta quedara firme antes de un foro público encabezado por la alcaldesa de Playas de Rosarito, Rocío Adame Muñoz, quien promovió la queja por presunta violencia política en razón de género.

El procedimiento se dirigió contra el periodista por publicaciones relacionadas con la función pública de la edil, quien, por su carácter de servidora pública, se encuentra sujeta al escrutinio ciudadano y periodístico.

Además, se ha señalado que el presidente del IEEBC mantiene una presunta relación societaria con hermanos de la alcaldesa, uno de los cuales fue mencionado por el periodista en trabajos informativos vinculados al ejercicio de la función pública municipal, lo que ha generado cuestionamientos internos sobre un posible conflicto de interés.

Personal del Instituto advirtió que la forma en que se ordenó la notificación podría derivar en nulidades procesales y responsabilidades administrativas, al no observarse el procedimiento legal correspondiente.

A estas irregularidades se suma otro señalamiento: empleados indicaron que, para justificar la existencia de la queja, se afirmó que la alcaldesa la había enviado por correo electrónico al IEEBC; sin embargo, dicho correo no fue localizado y tampoco se logró ratificar su existencia.

“Si no hay correo, ni evidencia del mismo, ¿Cómo se tuvo conocimiento de la inconformidad contra el periodista?”, cuestionaron trabajadores del propio organismo.