Avanza denuncia penal impulsada por PAN BC por contratación de software en San Quintín

Redacción/Columnaocho

Baja California.– El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California informó que la denuncia penal presentada en enero de este año por la presunta adquisición irregular de un sistema de software en el municipio de San Quintín, fue formalmente turnada a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con sede en Tijuana.

Dicha denuncia, presentada contra el Ayuntamiento de San Quintín que encabeza la actual presidenta municipal Miriam Cano Núñez, señala posibles irregularidades en la contratación directa del sistema denominado “EGOB”, cuyo valor asciende a casi 19 millones de pesos, sin que se haya llevado a cabo un proceso de licitación pública ni se cuente con el expediente técnico correspondiente, como lo establece la legislación vigente.

La acción legal fue promovida por la presidenta estatal del PAN, Lizbeth Mata Lozano, como una exigencia firme desde la oposición para garantizar el uso adecuado, transparente y responsable de los recursos públicos, así como para evitar prácticas discrecionales que vulneran la confianza ciudadana y debilitan la rendición de cuentas en los gobiernos municipales.

Como parte del seguimiento institucional, el pasado 12 de marzo se sostuvo una reunión con el Fiscal Especializado Anticorrupción en la ciudad de Tijuana, quien confirmó que ya se cuenta con la carpeta de investigación y con un plan específico para el desarrollo del caso.

Asimismo, se solicitó la incorporación de nuevos actos de investigación, entre ellos, copias certificadas del procedimiento de auditoría iniciado por la Sindicatura de San Quintín, así como información técnica, financiera y contractual que permita robustecer la carpeta y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

El PAN Baja California reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción desde las instituciones, al tiempo que aseguró que dará puntual seguimiento al proceso para que, en su caso, se finquen responsabilidades conforme a la ley.