Dip. Daniel Razo impulsa reforma para cancelar estímulos a empresas que incumplan la Ley laboral

-Los estímulos podrían cancelarse en casos de despidos masivos sin aviso previo o incumplimiento reiterado de prestaciones y salarios.

-Se pretende asegurar que solo empresas responsables y cumplidas mantengan los beneficios otorgados por el Estado.

Redacción/Columnaocho

Mexicali.- Con el objetivo de que los estímulos económicos otorgados por el Gobierno se cancelen cuando una empresa incurra en violaciones graves a la legislación laboral, particularmente en casos de despidos masivos sin aviso previo o incumplimiento reiterado de prestaciones y salarios, el diputado Jesús Daniel Razo Córdiva propone reformar el artículo 18 de la Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico.

“Los estímulos son un reconocimiento público para quienes contribuyen al desarrollo económico, pero no pueden mantenerse para empresas que vulneran los derechos de sus trabajadores. Es indispensable que se respeten salarios, prestaciones y estabilidad laboral”, expuso el inicialista.

Destacó que la Ley citada actualmente solo contempla causales de cancelación vinculadas a irregularidades fiscales, información falsa, desvío de recursos o simulación de acciones, pero no incorpora el respeto a los derechos laborales, una dimensión esencial de la responsabilidad empresarial.

En su propuesta subraya que las violaciones graves a la legislación laboral no son simples faltas administrativas, sino agresiones directas a la estabilidad económica y emocional de las familias trabajadoras, afectando proyectos de vida y generando incertidumbre en los hogares.

Daniel Razo indicó: “Esta reforma también es preventiva; saber que una violación grave puede derivar en la cancelación de estímulos funciona como un disuasivo para quienes pretendan sacrificar derechos laborales en aras de una falsa competitividad”.

Finalmente comentó que el proyecto legislativo busca vincular de manera clara el acceso a beneficios públicos con el cumplimiento sobre bases más sólidas y éticas, sin criminalizar a las empresas, sino incentivando prácticas responsables.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional para su análisis y estudio.