Redacción/Columnaocho
Ciudad de México.- El senador Armando Ayala Robles informó que el Senado de la República discutió y aprobó dos reformas trascendentales en materia de seguridad pública, con las que se expiden la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Destacó que con ellos se fortalecen las capacidades del Estado mexicano para combatir la delincuencia y garantizar la paz y tranquilidad de la ciudadanía.
Estas reformas dan paso a la creación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, que brindará facultades de coordinación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.
Su propósito es claro: prevenir, investigar y sancionar el delito de manera más eficiente, con base en herramientas tecnológicas y de inteligencia de primer nivel.
“La alta incidencia delictiva que enfrentamos es consecuencia directa de décadas de abandono y malas decisiones tomadas por los gobiernos neoliberales. Hoy, con estas reformas, estamos dando un paso firme para revertir esa realidad y fortalecer de fondo a nuestras instituciones”, expresó el legislador.
Entre los principales alcances de esta legislación destacan:
•Facilitar convenios de colaboración entre entes públicos y privados para coadyuvar en la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos, especialmente delitos de alto impacto como el homicidio doloso, el secuestro y el feminicidio.
•Crear bases de datos criminalísticos con tecnologías de vanguardia, útiles para combatir fenómenos delictivos con mayor precisión.
•Desarrollar productos de inteligencia que respalden las investigaciones y fortalezcan los procesos judiciales.
•Establecer una Plataforma Central de Inteligencia, operada por el Centro Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública, interconectada con los sistemas de inteligencia de las instituciones de seguridad pública y con bases de datos de diversas instituciones públicas e, incluso, privadas.
Ayala Robles subrayó que estas acciones responden a la reforma constitucional del artículo 21, aprobada en 2024, que sentó las bases para un nuevo modelo de seguridad pública en el país. “Estamos cumpliendo con nuestro deber: dotar a las fuerzas del orden de herramientas eficaces, modernas y profesionales para atender con responsabilidad y justicia el reclamo de la sociedad frente a la violencia y la impunidad”, concluyó.