Solicita Gina Cruz juicio político contra diputados y magistrados

Solicitud aplica a diputados de la XXII y XXIII Legislatura y magistrados electorales

Redacción/Columnaocho

La Senadora por Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge, solicitó juicio político en contra de Diputados de la XXII y XXIII Legislatura del Estado, así como Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, por avalar lo que los Ministros de la corte consideraron como fraude a la Constitución a través de la llamada “Ley Bonilla”.

Lo anterior, luego de darse por unanimidad de los Ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la resolución de declarar la inconstitucionalidad de la “Ley Bonilla”, con la que se pretendía prolongar de 2 a 5 años, el gobierno del actual mandatario estatal, Jaime Bonilla Valdez.

Luego de esto, Gina Cruz solicita que el Senado de la República, exhorte respetuosamente al Poder Legislativo del Estado, que se considere juicio político y se finquen las responsabilidad correspondientes a los Diputados integrantes de la XXII y XXIII Legislaturas del Congreso del Estado que avalaron la ilegalidad considerada como fraude, así como a los involucrados señalados en el proyecto ante una ilegal consulta popular que se realizó en el Estado sobre este tema.

Además se considere iniciar juicio político a los Magistrados Leobardo Loaiza Cervantes y Jaime Vargas Flores, integrantes del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, por su actuación ilegal y su decisión de impulsar una reforma en contra de la Democracia.

Gina Cruz señaló que en un acto jurídicamente ilegal y violatorio a la voluntad de los bajacalifornianos, mediante un recurso iniciado por los citados los Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, promovieron y votaron a favor de que la próxima gubernatura fuera de 5 años y no de dos como ya lo había establecido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por lo que esta resolución dio un precedente más de ilegalidad en el proceso de ampliación de mandato del Gobernador Bonilla.

Por su parte, la Magistrada Elba Regina Jiménez Castillo, Presidenta del Tribunal en ese momento consideró que los dos Magistrados se estaban extralimitando en sus funciones, al promover, aceptar y votar a favor de esta ilegalidad.

Gina Cruz señaló que en la sesión de la SCJN, realizada el 11 de mayo, el Ministro Presidente Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea sostuvo que: “la reforma entraña una violación al voto público, a la soberanía popular y al principio democrático, en contravención a los artículos 39, 40, 41 y 116 constitucionales, así como 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Además, el Ministro presidente calificó la reforma realizada a la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California como “un ilícito constitucional atípico”, agregó la también presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, del Senado de la República.

Y sentencio que: “Alterar las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo una elección, como aquí ocurrió, constituye un verdadero fraude postelectoral pues, aunque se contaron los votos, se modificó el efecto que estos deberían tener conforme a las reglas del juego previamente acordadas, lo que vulnera la esencia misma del proceso democrático como forma y limitación del poder”.

La Ministra Yasmín Esquivel Mossa consideró que: “Ningún poder, llámese Legislativo, Ejecutivo o Judicial puede violentar su propio orden constitucional extralimitándose en sus facultades.

Mientras que la Ministra Norma Lucía Piña Hernández señaló que: “se violan los principios fundamentales contenidos en nuestra Constitución General: el principio de supremacía constitucional y el principio democrático”.

Y definió que: “cuando un Congreso legisla, ignorando el sentido de la voluntad popular, cuando los representantes traicionan a sus representados, nos encontramos frente a un atentado contra la democracia y contra nuestra Constitución”.

De lo anteriormente transcrito se puede concluir que las y los Ministros de la SCJN condenaron de forma unánime la actuación del Congreso del Estado, considerando que se había orquestado un fraude a la Constitución y a las leyes.

Este fraude, no puede ni debe quedar impune, aseveró la representante de Baja California ante el Senado de la República, Gina Cruz.