Redacción/Columnaocho
Mexicali.- El Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, a través de su presidenta estatal, Lizbeth Mata Lozano, manifiesta su indignación ante la retención de la diputada morenista Alejandra María Ang Hernández, integrante del Congreso del Estado y presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, quien fue retenida por autoridades estadounidenses en la garita internacional Mexicali–Calexico, en el marco de un procedimiento administrativo por presuntamente intentar ingresar con una cantidad de dinero superior a la permitida sin declararla.
Posteriormente, la legisladora emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que señala que se trató de un error administrativo y que los recursos involucrados son de carácter personal. No obstante, desde Acción Nacional subrayamos que este tipo de situaciones no se aclaran únicamente con comunicados, sino mediante documentación comprobatoria, investigaciones formales y resoluciones de las autoridades competentes.
Tratándose de una diputada en funciones y responsable de la fiscalización de los recursos públicos en Baja California, la exigencia de transparencia debe ser mayor. Por ello, el PAN exige que la diputada acredite plenamente el origen lícito de los recursos, que se informe con claridad el resultado del procedimiento administrativo en curso, y que no exista ningún tipo de protección política.
Asimismo, exigimos que el Congreso del Estado asuma una postura institucional clara, y que se valore la separación temporal de la diputada de la presidencia de la Comisión de Fiscalización, mientras se esclarecen los hechos, con el objetivo de preservar la credibilidad y la confianza ciudadana.
Cabe recordar que Alejandra María Ang Hernández fue directora de Desarrollo Social Municipal del Ayuntamiento de Mexicali de 2019 a 2021, periodo en el que, de acuerdo con información difundida en medios locales, se señalaron irregularidades por aproximadamente 3 millones de pesos, investigaciones que no han sido esclarecidas públicamente, lo que vuelve indispensable una revisión responsable de su actuación pasada y presente.
Acción Nacional reitera que la transparencia no se acredita con declaraciones, sino con hechos verificables y rendición de cuentas real. Baja California exige servidores públicos que comprueben, respondan ante la ley y actúen con honestidad.
