Mexicali.- El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional, que preside la diputada Rocío Adame Muñoz, realizó diversas mesas de trabajo entre integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y ciudadanía en general, con la finalidad de escuchar sus opiniones y propuestas para enriquecer la Ley en materia de desaparición forzada de personas del Estado de Baja California.

Cabe destacar que la diputada Rocío Adame, como inicialista de dicha Ley, encabezó los trabajos en las 3 sedes donde se realizaron las cuatro mesas de trabajo, mismas que se desarrollaron los días viernes 7 de julio en CEART Mexicali; sábado 8 de julio en CEART Ensenada; domingo 9 y lunes 10 en CEART Tijuana. Al final se recogieron las aportaciones de todas y todos los participantes, con lo que se busca fortalecer el ejercicio legislativo y el análisis para la integración del proyecto de Ley.

Los trabajos se realizaron con el acompañamiento de especialistas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Elementa DDHH y la ONU-DH.  De igual forma, se contó con el apoyo del INMUJER BC, a través de la asistencia de psicólogas integrantes de las Unidades Locales de Atención y Prevención, la Secretaría de Salud del Estado, con personal para primeros auxilios, así como de personal de diversas áreas del Poder Legislativo.

La legisladora, explicó que en la Ley General de Desapariciones se establece que las Entidades Federativas deberán emitir y, en su caso, armonizar su legislación para crear un marco normativo que regule y determine las atribuciones y responsabilidades de los municipios en materia de desaparición, por lo que las mesas tomaron como referencia establecido en este ordenamiento, así como los criterios de los Tribunales Nacionales e Internacionales para fortalecer y seguir garantizando los derechos de las personas desaparecidas y sus familias.

Los ejes temáticos que se consideraron para los trabajos de manera enunciativa, más no limitativa, fueron: 1.-Búsqueda y derecho de las Familias, donde se abordaron los temas de responsabilidades del Comité Estatal de Búsqueda, requisitos para ocupar su titularidad, la coordinación que tiene con autoridades (Fiscalías), mecanismo estatal de coordinación y Comité Estatal Ciudadano. En lo que respecta al eje temático 2.-Investigación de personas desaparecidas, se trataron los temas correspondientes a las responsabilidades de la Fiscalía, recursos internos de la Fiscalía y coordinación entre ésta y otras autoridades.

 En lo que se refiera al eje temático 3.-Presupuesto, se atendieron los temas del Fondo para la implementación de la Ley estatal en materia de Personas Desaparecidas y el Fondo especial para identificación de personas fallecidas.  Por último, en el eje temático 4.- Procesos de identificación humana, notificación y restitución digna, los temas que se desarrollaron son referentes a la gestión de cuerpos de personas fallecidas, los derechos de las personas fallecidas no identificadas o identificadas no reclamadas, así como las responsabilidades municipales en los procesos de inhumación de cuerpos de personas fallecidas.

La diputada Rocío Adame, abundó que los temas más recurrentes que se han abordado en las mesas de trabajo son referentes a la coordinación que debe existir entre las autoridades, la modificación para emitir una alerta por desaparición para que no se tenga que esperar 72 horas, la creación de un banco de datos estatal, entre otros que son fundamentales para este proyecto de Ley.

-Las diputadas Diputadas Dunnia Montserrat Murillo López y Evelyn Sánchez, inicialistas de la propuesta.

Redacción/Columnaocho

Mexicali.- Las diputadas Dunnia Montserrat Murillo López y Evelyn Sánchez Sánchez del grupo parlamentario de MORENA, presentaron de manera conjunta iniciativa para crear la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para Baja California.

En su exposición de motivos la propuesta menciona que, como preámbulo de los derechos sobre las poblaciones indígenas, se tiene como referencia el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, conocido como el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales de 1957, mediante el cual se decidió adoptar diversos posicionamientos relativos a la protección de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales en los países independientes.

Menciona que existen poblaciones que no se hayan integradas aun a la colectividad nacional y cuya situación social, económica o cultural les impide beneficiarse plenamente de los derechos y oportunidades de que disfrutan otros sectores de la población entre ellos los derechos electorales.

Además, en la actualidad existen legislaciones de algunos Estados de la Republica, que ya cuentan con una normatividad que regula la consulta indígena, como Oaxaca, Durango, San Luis Potosí y con la presente iniciativa Baja California sería el cuarto Estado en la República Mexicana en implementar una normatividad que regule la consulta de los pueblos originarios.
Bajo esa óptica, es que se pretende que exista una Ley que regule los lineamientos para llevar a cabo las consultas indígenas en la Entidad, como lo establecen los lineamientos internacionales y nacionales, para garantizar los derechos fundamentales en favor de las comunidades originarias de Baja California.

Lo anterior a fin de garantizar el derecho de consulta previa, libre, informada, participativa, de buena fe, con procedimientos culturalmente adecuados para los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, generando con eso un ejercicio de igualdad para todos, precisó.

La presente iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la XXIV Legislatura para su respectivo análisis y posterior dictaminación.

-Incluirá la implementación de políticas públicas, programas, planes, y estrategias de prevención del delito

Redacción/Columnaocho

En Sesión Extraordinaria virtual de Pleno de la XXIV Legislatura, los diputados locales aprobaron el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presidida por el Diputado Juan Manuel Molina García, respecto a la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley de Seguridad Pública del Estado, Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y la Ley que crea la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, presentada en fecha 09 de diciembre de 2021 por la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por conducto del Secretario General de Gobierno, Catalino Zavala Márquez.

Dicha iniciativa modifica la denominación de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, así como el Título Segundo “Centro de Evaluación y Control de Confianza”, del Título Tercero “Instituto Estatal de Investigación y Formación Interdisciplinaria”, del Título Cuarto “Información Estatal sobre Seguridad Pública, del Título Quinto “Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo del Estado” y sus respectivos capítulos y numerales.

Es importante destacar el cambio de denominación a Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, en razón a que las reformas harán transitar las normas vigentes en materia de seguridad, a una legislación que detallará el establecimiento, operación y la forma en que convergerán las diversas autoridades y sectores ciudadanos, para alcanzar los fines trazados en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El Sistema Estatal se conformará con las políticas públicas, bases de coordinación, planes, servicios, acciones, tecnología, bases de datos y sistemas de información, así como las actividades de las instituciones públicas y privadas en materia de seguridad, y formará parte del Sistema Nacional.  Las propuestas realizadas por el Poder Ejecutivo, están enfocadas no sólo en la seguridad de sus habitantes, sino también en la elaboración e implementación de programas, planes, y estrategias de prevención del delito y de las violencias a las que se encuentra expuesta la población.

En su turno del uso de la voz, la Diputada Michel Sánchez Allende reconoció que “con esta reforma se dio un paso más hacia la igualdad sustantiva de género en el Estado, así como el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública”.  Por su parte la Diputada Alejandrina Corral Quintero, expresó que, “serán respetuosos y responsables con las decisiones que se tomen a favor de los bajacalifornianos, fortaleciendo o creando instituciones que se especialicen en hacer frente al grave problema de la inseguridad”.  La Diputada Montserrat Rodríguez Lorenzo, indicó que “la creación de esta secretaría apuesta por la seguridad y la prevención, la ciudadanía demanda paz, seguridad y tranquilidad y todos los servidores públicos debemos decir: por la seguridad sí”.

Por su parte el Diputado Víctor Navarro Gutiérrez, se pronunció a favor de que el Poder Ejecutivo asuma la responsabilidad de tener políticas públicas de prevención para la seguridad, “ya que es también uno de los pilares del desarrollo económico y social”.    La Diputada Rosa Margarita García Zamarripa, reconoció que “a seguridad pública es el mayor reclamo de la población, por lo que el Congreso del Estado ha dotado de las herramientas necesarias para que las áreas responsables cumplan con la compleja función de brindar seguridad a los bajacalifornianos”.

La Diputada Daylín García Ruvalcaba, presentó una reserva al dictamen presentado, referente a la redacción de la fracción XII del artículo 15 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, precisó que “se puede apreciar que existe una ambigüedad al enunciar al “Consejo” y al “Consejo Estatal”. Sin embargo, el artículo 5 de la Ley que proporciona las definiciones de dicho ordenamiento jurídico no resuelve la ambigüedad, ya que enumera tres consejos: “III. Consejo Estatal”, “IV. Consejo Ciudadano” y “V. Consejo Nacional”, resta identificar a cuál se refiere dicha fracción cuando emplea el término “Consejo”, por lo que se propone que se subsane el Dictamen aclarando que se trata del Consejo Nacional, además del Consejo Estatal, aquel referido en la fracción XII del citado artículo 15.

Reporteros/Columnaocho

Bajo la justificación de la desatención que Gobierno federal y estatal, haciendo referencia al ex gobernador, Jaime Bonilla Valdez, el regidor “panista”, Oscar Vega Marín, apoyó y aprobó la propuesta de anteproyecto de Ley de Ingresos para el año 2022, presentada por el Tesorero del 24 Ayuntamiento de Mexicali.

El pasado 13 de noviembre se realizó esta sesión de Cabildo, en donde se aprobó este anteproyecto del Ley, en donde el concejal del “blanquiazul” no aclaró detalladamente a la población, que esta aprobación podría representar el aumento de al menos del 6% en algunos impuestos municipales.

Lo controvertido de este tema, es que el resto de los integrantes de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Cabildo de Mexicali, votaron en contra de este anteproyecto de Ley.

El regidor, Luis Martínez, también votó en contra, al igual que su homólogo, el regidor independiente, Ysmael Rodríguez Pérez, al igual que la concejal, Barbara García Reynoso, de Movimiento Ciudadano.

Casi toda la oposición en el Cabildo de Mexicali voto en contra de esta iniciativa, menos el concejal, Vega Marín.

Al interior del PAN, la postura de Vega Marín, provocó incomodidad y asombró; un grupo de panistas confiaron a Columnaocho que el concejal está ponderado de manera prioritaria una agenda personal, a una agenda del partido.

Aquí los detalles:

Con el propósito de honrar a quienes dieron la vida para cumplir con su labor y con la firme convicción de promover, respetar, proteger y garantizar las actividades profesionales de derechohumanistas y periodistas, en sesión ordinaria del Congreso, el diputado de Transformemos, Luis Moreno Hernández presentó la iniciativa con proyecto de decreto que consta de 15 capítulos, 82 artículos y 19 transitorios.

En su explicación de motivos, Moreno Hernández aseveró que en los últimos años, México se ha convertido en una de las naciones más peligrosas del mundo para realizar estas dos labores que son pilares fundamentales para una sociedad desarrollada; ambas son un contrapeso de los poderes, sean estos políticos, económicos o fácticos.

De acuerdo con la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, en el presente sexenio federal, se han registrado 106 asesinatos y 81 desapariciones de personas abocadas a defender los derechos humanos y en 2017 la CNDH reportó 18 quejas por parte de activistas.

En 2016, México se convirtió en el país mortífero para periodistas profesionales según documentó la Asociación “Reporteros sin Fronteras”, quien también informó que en ese año se presentaron 426 agresiones contra la prensa, siendo los principales agresores los funcionarios de gobiernos estatales.

Pero genera aun mayor preocupación que desde el año 2000 a la fecha se han registrado más de 120 ejecuciones a comunicadores

“Cifras como estas nos llevan a ver que son insuficientes, cuando no existen los mecanismos para salvaguardar la integridad de quienes velan por el respeto a los activistas y periodistas, por ello urge legislar en la materia”, puntualizó el diputado Luis Moreno.

El legislador explicó que con esta ley se constituiría el Mecanismo de Protección Integral para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, como un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones, con domicilio en la ciudad de Mexicali.

De igual forma se establecerá un órgano de coordinación y de consulta denominado Mesa de Trabajo Multisectorial, en la que se prevé la participación de diversas autoridades del Gobierno del Estado, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Poder Legislativo, Poder Judicial, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, del ámbito académico y especialistas en materia de libertad de expresión.

También se integrará un Consejo Consultivo como un órgano civil de consulta, opinión, asesoría y monitoreo de la aplicación de los planes de trabajo de la Junta de Gobierno, participación en la planeación anual del Mecanismo, colaboración en el diseño de los programas preventivos, así como también en la emisión de opiniones sobre el funcionamiento de la Junta de Gobierno, o por quejas de personas beneficiarias.

El eje rector de la operatividad de la Ley será la Junta de Gobierno, la cual estará integrada por las personas titulares de las siguientes dependencias y ciudadanos que se indican:
I.- Secretaría General de Gobierno del Estado;
II.- Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado;
III.- Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado;
IV.- Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado;
V.- Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado;
VI.- Secretaría de Salud del Gobierno del Estado;
VII.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Gobierno del Estado;
VIII.- Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado;
IX.- Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado; y,
X.- Dos personas representantes de la Sociedad Civil integrantes del Consejo Consultivo; una persona vinculada con la libertad de expresión, una persona periodista, una persona con el derecho a defender los derechos humanos, una persona vinculada con la libertad de expresión o periodistas.

El diputado Luis Moreno Hernández sostuvo que el mecanismo estatal para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas se sustenta en un acuerdo federal relativo a la Ley de Protección a Periodistas ;pero de acuerdo a periodistas y activistas consultados, no responde a las necesidades de ambos gremios. Los medios de comunicación y los periodistas han de ser canal indispensable de cohesión colectiva, que cumplen funciones sociales prioritarias: informar, comunicar, analizar, denunciar, evidenciar, proyectar, y reflejar los problemas sociales, precisó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Derechos humanos y Asuntos Religiosos, para su análisis y posterior dictaminación.

Al término de la reunión, el líder del congreso estatal, informó a los medios de comunicación que los temas fundamentales que se abordaron fueron: Rendición de Cuentas, Derecho al Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Ante la presencia también de Yabneth Leyva Flores, titular de la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado, Raúl Castañeda, precisó la importancia de asegurar el cumplimiento de la Ley como sujeto obligado y dar puntual respuesta a las solicitudes de los ciudadanos, en materia de transparencia y rendición de cuenta.

“Hay mucha voluntad de esta soberanía para coordinarse institucionalmente con el ITAIPBC, en todo lo que permita el avance del acceso a la información. Una legislatura que informa se legitima ante los ciudadanos, la que se cierra y le apuesta a la opacidad, fracasa”, subrayó Castañeda Pomposo.

Destacó que en Transparencia del Congreso se atendieron en 2017, un total de 500 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales 134 se presentaron mediante correo electrónico o de manera directa en la unidad de transparencia de este Congreso, y 366 fueron presentadas y atendidas por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Añadió que “Durante el 2017 se han celebrado 15 sesiones con los integrantes del Comité de Transparencia de este Congreso y se han realizado 35 mesas de trabajo con las diversas áreas de esta soberanía encargadas de capturar y actualizar la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como en el Portal Institucional del Congreso del Estado, lo cual ha representado un avance en la publicación de las obligaciones de transparencia del 80%.”

Reconoció el gran avance del Congreso del Estado en la materia, sin embargo, expresó que no se deben echar las campanas al vuelo y se tienen que redoblar esfuerzos, tendiendo puentes con organismos como el Instituto de Transparencia de Baja California, integrado por hombres y mujeres cabales comprometidas con su estado y con su gente.