Redacción/Columnaocho

Mexicali.- La diputada Araceli Geraldo presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un punto de acuerdo para exhortar a las corporaciones municipales de seguridad pública a que instruyan a las y los agentes de tránsito a informar de manera clara el sustento legal al momento de imponer una multa, para que la ciudadanía conozca por qué son sancionadas y cuánto deben pagar.

La propuesta plantea que, al momento de levantar una infracción, los elementos de policía muestren y expliquen el reglamento aplicable, señalando el artículo específico, la fracción correspondiente y los factores considerados para determinar el monto de la sanción, con el objetivo de fortalecer los principios de legalidad, transparencia y seguridad jurídica.

En la exposición de motivos, la legisladora señaló que uno de los reclamos más frecuentes de la ciudadanía es la falta de claridad respecto a los motivos y montos de las multas de tránsito, situación que ha generado desconfianza y percepción de arbitrariedad en la actuación de la autoridad.

“Muchos conductores manifiestan no haber sido informados sobre el artículo específico que presuntamente infringieron ni sobre los criterios utilizados para calcular el importe de la multa, lo que provoca incertidumbre y una sensación de indefensión frente al ejercicio del poder sancionador”, indicó.

La transparencia en la imposición de multas no sólo protege los derechos de las y los conductores, sino que también fortalece la legitimidad de la autoridad y fomenta una cultura de respeto a la legalidad, al permitir que la ciudadanía conozca de manera directa las normas que regulan la circulación vial.

En ese sentido, la exhibición del reglamento ayudaría a evitar abusos de autoridad, ya que el agente de tránsito tiene que actuar con estricto apego a la norma y la ciudadanía puede verificar la legalidad de la sanción impuesta, lo que fortalece la rendición de cuentas y reduce la discrecionalidad en la aplicación de multas, para promover un ejercicio más justo y equitativo de la función pública.

Esta medida contribuiría a la transparencia, la educación vial y al fortalecimiento del Estado de derecho, beneficiando tanto a la ciudadanía como a las instituciones encargadas de velar por el orden y la seguridad en la vía pública.

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Mexicali.- En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso, la diputada Araceli Geraldo Núñez, se pronunció sobre la necesidad de controlar el tráfico desmedido de armas de fuego y explosivos e hizo un llamado a las diputaciones y autoridades relacionadas a las tareas de seguridad de los tres niveles de gobierno, para actuar de inmediato.

Señaló en tribuna que las vidas de las y los ciudadanos son acabadas en muchas ocasiones a consecuencia del uso de armas, “es incomprensible la facilidad con la que cada día se escucha sobre una diversidad de delitos que se cometen a nivel nacional con el uso de armas de fuego”.

Subrayó que es reprobable el tráfico indiscriminado de armas que se introducen al país desde Estados Unidos de América, “es necesario frenar estas acciones que traen consigo hechos lamentables y es de suma importancia saber en qué lugar la están adquiriendo porque mientras sigan ingresando ilegalmente armas de fuego a nuestro territorio, será sumamente complicada la labor de reducir el índice delictivo”.

En ese sentido, presentó también una iniciativa de índole federal, que busca sumarse a las acciones que tiendan a reducir las posibilidades de que esas armas que siguen introduciéndose a nuestro país, lleguen a manos de particulares e impedir que éstas sean registradas, mientras no haya un registro y conocimiento pleno de que las mismas no están relacionadas a ningún delito.

Dejó claro que el llamado a diputadas y diputados es para hacer un frente común y desde su trinchera, aportar acciones legislativas a efecto de contrarrestar el uso, registro y posesión indiscriminada de armas de fuego, “seguiremos luchando incesantemente, ya que nuestra población se encuentra bajo un temor constante por la comisión de los delitos relacionados con armas de fuego”.

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Mexicali.- Con el propósito de ajustar los requisitos para los cargos de Consejera o Consejero Distrital e integrantes de las Mesas Directivas de Casillas del Instituto Estatal Electoral de Baja California, la diputada Araceli Geraldo Núñez, presentó iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado de Baja California.

Al sustentar su propuesta, la legisladora señala que actualmente en la Ley Electoral del Estado está establecido que es necesario “ser ciudadano mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos”, para ocupar dichos cargos.

Sin embargo, refiere que dichas normas resultan inconstitucionales de acuerdo con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que determinó que los Congresos locales carecen de competencia para establecer como requisito contar con nacionalidad mexicana por nacimiento para acceder a cargos públicos, por lo que hacerlo, llevaría inevitablemente a declarar la invalidez de las porciones normativas que así lo establezcan.

Abundó que incluso en el ámbito electoral la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (PJF), emitió la Jurisprudencia 25/2024, estableciendo como criterio jurídico que el requisito relativo a contar con la nacionalidad mexicana por nacimiento para acceder al cargo de una consejería electoral local o nacional, sin considerar la nacionalidad adquirida por naturalización, es contrario a la regularidad constitucional.

Por lo que la diputada Araceli Geraldo, considera en su iniciativa la necesidad de reformar los artículos 67 y 78 de la Ley Electoral del Estado, con el propósito de ajustar los requisitos para los cargos de Consejera o Consejero Distrital del Instituto Estatal Electoral, e integrantes de las Mesas Directivas de Casillas, previendo suprimir la exigencia “por nacimiento” tratándose de los ciudadanos mexicanos que desean participar en algunos de los cargos citados, esto en atención a los criterios jurisprudenciales.

-Aprueban por unanimidad dictamen respecto a reforma a la Ley de Participación Ciudadana y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

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Mexicali.- En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el diputado Juan Manuel Molina García, presentó el dictamen número 23, correspondiente a la iniciativa de reforma y adición de diversas disposiciones a la Ley de Participación Ciudadana del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.

La propuesta de reforma fue presentada por la diputada Araceli Geraldo Núñez, con la finalidad de establecer el concepto de “Parlamento Abierto” dentro de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, como un conjunto de acciones legislativas dirigidas a crear espacios de interacción entre la ciudadanía y el Congreso, bajo principios esenciales de transparencia, rendición de cuentas, evaluación del desempeño legislativo y participación ciudadana.

Asimismo, la propuesta incluye el uso de tecnología de la información como una herramienta para facilitar la participación ciudadana, por lo que establece la creación de un espacio permanente en el portal de Internet del H. Congreso del Estado para recibir opiniones y comentarios sobre las iniciativas de ley presentadas.

Analizado lo anterior, la Comisión dictaminadora informó que con esta medida que propone la inicialista, Baja California se convertiría en el noveno Estado de la República en contemplar e instrumentar en su Ley Orgánica del Poder Legislativo la figura del “Parlamento Abierto”.

Al realizar la votación, la diputada Araceli Geraldo presentó una reserva en lo particular al resolutivo primero y la adición de un artículo transitorio al resolutivo segundo, contenidos en el dictamen, misma que fue aprobada por unanimidad, con lo que adquiere un carácter normativo robusto, bien estructurado y con los mecanismos específicos para su implementación y seguimiento.

Por lo que se aprobó reforma al artículo 2 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, como también la adición del Título Cuarto a denominarse del “DEL PARLAMENTO ABIERTO”, con un Capítulo Único relativo a “DISPOSICIONES GENERALES”, en donde se incluya la adicción del artículo 82.

Asimismo, se aprobó la reforma al artículo 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, como también la adición del Capítulo Tercero denominado DEL PARLAMENTO ABIERTO al Título Octavo del mismo ordenamiento.

En ese sentido el Congreso del Estado tendrá un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de la presente reforma, para realizar las adecuaciones necesarias en los procesos legislativos internos, a fin de cumplir con los principios establecidos en materia de parlamento abierto y corresponderá a la Junta de Coordinación Política velar por el cumplimiento de lo anterior.

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Mexicali.- En Sesión Ordinaria del Pleno, la diputada Araceli Geraldo Núñez, presentó una propuesta de exhorto a los titulares de las Secretarías de Salud, de Educación y del Instituto de Psiquiatría, todos del estado de Baja California, para que de manera coordinada realicen estudios periódicos para detectar problemas de salud mental en la comunidad estudiantil de las universidades públicas y privadas.

La propuesta legislativa, que fue aprobada por mayoría, tiene su fundamento en que la población universitaria se encuentra en riesgo de desarrollar ansiedad y depresión, como consecuencia de las diversas exigencias que viven dentro del ámbito académico y personal.

Al respecto, destacó las acciones emprendidas por la Universidad Autónoma de Baja California, que en dos ocasiones ha realizado estudios en la materia, en el primero (2023) participaron 18 mil 337 estudiantes, de los cuales el 33% manifestó tener alguna situación de salud mental, siendo la ansiedad y la depresión, las condiciones que mayormente afectan al alumnado.

En el mismo sentido, se realizó un segundo estudio (2024) en el que participaron más de 18,000 estudiantes, en donde se reveló que el 15% de las personas encuestadas presenta sintomatología de ansiedad en rango alto, mientras que el 41% indicó tener un nivel medio alto de síntomas de depresión.

De manera relevante, también informó que la UABC firmó un convenio con el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, como parte de los esfuerzos para fortalecer los Comités de Salud Mental (COSAME), en el que ambas instituciones llevarán a cabo actividades relativas a la atención, formación y actualización de servicios en materia de salud mental, investigación, divulgación científica y desarrollo tecnológico.

La inicialista externó que por ello, es necesario que las instituciones educativas de enseñanza superior sensibilicen a las y los jóvenes para aceptar ayuda y que tengan a disposición grupos de apoyo para la prevención y el manejo de crisis por temas de salud mental.

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Mexicali.-  Con el objeto de prever las reglas de impugnación en la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado, así como la competencia del Tribunal de Justicia Electoral de la entidad, con motivo de las reformas constitucionales en materia del proceso electoral judicial, la diputada Araceli Geraldo Núñez presentó iniciativa de reforma a la Ley Electoral y a la Ley del Tribunal de Justicia Electoral, ambas del Estado de Baja California.

La inicialista refirió que recientemente se reformó la Constitución federal, en materia de elección de personas juzgadoras federales y locales, para establecer que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de circuito, las y los jueces de distrito, las y los magistrados del Tribunal Electoral, así como las y los jueces y magistrados locales, serán electos por voto popular.

Sin embargo, expuso que en la reforma federal también se precisaron las causales de nulidad de la elección de magistraturas, juezas y jueces del Poder Judicial del Estado, la procedencia del recurso de revisión y del juicio para la protección de los derechos políticos electorales, para combatir actos y resoluciones en materia de elección de personas juzgadoras.

Por lo que indicó que la iniciativa presentada se debe a que el Congreso del Estado, debe realizar las adecuaciones correspondientes a las leyes locales, por lo que las modificaciones consistentes en los artículos 272, 273 y 276 BIS se precisa que la nulidad de los resultados obtenidos en las casillas electorales, decretadas por el TJE, respecto a las causales de nulidad de casillas.

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Mexicali.- Con el objeto de adecuar el marco legal para prever el divorcio sin expresión de causa y establecer un fundamento para que los jueces den certeza a las resoluciones que dicten, la diputada Araceli Geraldo Núñez, presentó iniciativa de reforma al Código Civil para el Estado de Baja California.

Al sustentar su iniciativa la inicialista indicó que es necesario realizar la adecuación de nuestro marco jurídico acorde a las nuevas directrices constitucionales, así como la jurisprudencia obligatoria emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que en el estado aún se impone la carga procesal de acreditar los hechos y la de acreditar las excepciones opuestas al demandado.

Abundó que, en nuestra legislación civil aplicable en materia familiar, se establece una relación de causales, lo que genera un camino difícil, costoso y perjudicial tanto para los cónyuges, como para sus hijos o familiares ya que, en muchas ocasiones, utilizan a las y los menores para causar daño a la parte contraria o como moneda de cambio, por capricho o venganzas personales, dependiendo del tipo de causal invocada.

Asimismo, indicó que se genera un problema mayor a los jueces y servidores públicos de los juzgados familiares y abogados litigantes, pues al exigir la comprobación de una causal es necesario presentar los medios de prueba y desahogar un sin fin de notificaciones, diligencias y audiencias en el proceso, lo que implica una carga laboral para los juzgados familiares con requerimientos económicos y humanos para la impartición de justicia.

Subrayó que cuando existan acciones relativas a la pensión alimenticia, custodia y convivencia con hijos menores de edad, así como lo referente a liquidación de la sociedad conyugal, medidas precautorias y todas aquellas que tiendan a proteger el interés superior de los menores, dichas acciones quedarán a salvo para el cónyuge que tenga derecho a ejercerlas a través de los medios establecidos en la Ley de la materia.

La Suprema Corte mediante jurisprudencia ha dado la pauta para que se puedan sustanciar esos procedimientos, inclusive 19 de 32 Estados ya adecuaron su marco legal para incluir el divorcio sin expresión de causa, por lo que se propone reformar los artículos 263 y 264 del Código Civil para el Estado de Baja California, para que sea incorporada dicha figura.

-Las autoridades educativas y de salud mental deberán tomar acciones a efecto de asesorar para fomentar la prevención de manera inmediata.

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Mexicali.- La diputada Araceli Geraldo Núñez presentó iniciativa para sancionar a quien induzca al suicidio a través de retos virales y que pongan en riesgo la vida o integridad de otras, ya que en los últimos años han proliferado en las redes sociales y consisten en realizar acciones aparentemente inofensivas pero que pueden tener consecuencias devastadoras.

Al fundamentar su propuesta, la legisladora indicó que algunos de estos desafíos incitan a realizar comportamientos peligrosos, autolesiones e incluso el suicidio, por lo que la presente iniciativa tiene como objetivo establecer medidas preventivas y de intervención para proteger la salud mental y el bienestar de la ciudadanía, especialmente de las infancias y juventudes, quienes son particularmente susceptibles a este tipo de influencias.

Para ello, la inicialista propuso reformas al Código Penal para el estado de Baja California, para aplicar las sanciones señaladas para homicidio calificado o lesiones calificadas, a quien o quienes instiguen por medio de redes sociales o comunicaciones electrónicas estas prácticas; además si la instigación es a través de un reto viral, se incrementará hasta en una mitad la pena mínima.

En el mismo sentido, mediante un informe directo que deberá realizar el Ministerio Público, las autoridades educativas y de salud mental deberán tomar acciones a efecto de asesorar para fomentar la prevención de manera inmediata.

“En fechas recientes se dieron a conocer diversos hechos que han sucedido en estados como Zacatecas, donde varios adolescentes han perdido la vida por la viralización de retos o desafíos como el llamado “no respires challenge”, en el que los adolescentes son incitados o instigados a realizar acciones para dejar de respirar, advertimos que no hay un límite de jóvenes o incluso adultos que pueden perder la vida al llevar a cabo este tipo de retos y con ello traer consecuencias catastróficas”, indicó.

Es necesario ubicar los riesgos a los que las niñas, niños, adolescentes en situaciones vulnerables se someten en el uso de la tecnología, sobre todo porque el internet es un nicho de oportunidad muy explorado y poco regulado para quienes deseen aprovecharse, subrayó.

-Quien cometa este ilícito será sancionado con pena de prisión de dos a nueve años y hasta trescientos días de multa.

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Mexicali.- Con el objetivo de incluir en el Código Penal del Estado, normas específicas respecto al uso de Inteligencia Artificial (IA) relacionadas con actos mediante los cuales se pueda cometer o facilitar el ilícito de Fraude Procesal, la diputada Araceli Geraldo Núñez, presentó iniciativa de Reforma a dicho ordenamiento.

La iniciativa propone adicionar el artículo 325 BIS al Código Penal para el Estado de Baja California donde se establece que quien cometa el delito antes mencionado, será considerado como una forma agravada del mismo y será sancionado con pena de prisión de dos a nueve años y hasta trescientos días multa.

Cabe mencionar que el fraude procesal con el uso de inteligencia artificial y cualquier acción dolosa realizada mediante el uso de algoritmos o herramientas similares, con el propósito de distorsionar, ocultar, alterar, falsear o manipular información relevante en una carpeta de investigación o proceso judicial en cualquier materia, con el fin de obtener un beneficio indebido, perjudicar a una parte o afectar el debido proceso legal.

Al sustentar su iniciativa la legisladora indicó que “en el ámbito legal, el uso de IA puede mejorar la eficiencia en la procuración y administración de justicia, pero también se han suscitado hechos que plantean riesgos en su uso en sentido negativo, como se ha exhibido en grupos de abogados o personas relacionadas a litigios, con la aportación de probanzas como audios y videos, que puedan traer consigo la comisión de hechos delictivos como el fraude procesal”.