-Asimismo, se avanza con las denuncias pendientes ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República.

Redacción/Columnaocho

Mexicali- El gobierno de Baja California avanza en la investigación y sanción por casos de corrupción con la encomienda de mantener a la honestidad como una piedra angular del servicio público, por lo que se han presentado al menos 20 denuncias penales tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Fiscalía General de la República por irregularidades en la compra de medicamentos con sobre precio así como en la adquisición de lavamanos y uniformes, sucedidas en la administración estatal transcurrida entre 2019 y 2021.

Durante la octogésima edición del “Miércoles de Mañanera con Marina del Pilar”, la secretaria de la Honestidad y Función Pública, Rosina del Villar Casas, y el consejero jurídico de Gobierno del Estado, Juan José Pon Méndez, informaron que actualmente están siendo investigados funcionarios de la pasada administración, destacando los casos de Alonso Óscar “N”, Carlos “N”, Miguel Ángel “N”, Gerardo Abdiel “N” y Mikel Roberto “N” que desempeñaban funciones en el área de la salud. Contra ellos pesan por lo menos ocho denuncias por diversas conductas criminales.

En el caso particular de Alonso Óscar “N”, el funcionario estatal dio cuenta de que está siendo investigado en lo particular por peculado, ejercicio ilícito del servicio público, así como uso ilícito de atribuciones y facultades, figurando como responsable de ocho adjudicaciones directas que presentaron graves fallas.

No obstante, Pon Méndez agregó que las investigaciones administrativas continúan, por lo que no se descarta que los organismos encargados de la procuración de justicia den como resultado la responsabilidad de más personas involucradas en actos de corrupción, y aseguró que se informará puntualmente a la sociedad de dichas determinaciones, mismas que serán remitidas además ante el Poder Judicial del Estado.

En ese sentido, la gobernadora Marina del Pilar destacó que en lucha contra la corrupción y la dignificación del servicio público ha sido fundamental el trabajo que ha realizado la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, ya que su titular, Rosina del Villar, se dio a la tarea de definir un plan de trabajo, poner orden jurídico y administrativo, entablar estrategias de defensa, fiscalización y auditoría, así como otras actividades para encauzar, por primera vez en la historia del Estado, un auténtico combate a la corrupción en Baja California.

“Cuando asumimos la administración, nos encontramos graves fallas en la operación de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, que no tenía dirección, ni un plan de trabajo, no había una estrategia jurídica ni tampoco un sistema de integración de expedientes. Tampoco se evaluaban los resultados ni se realizaban auditorías.”, abundó.

Resultado de las acciones implementadas, se han ejecutado 42 auditorías a dependencias con 326 observaciones, de las cuales 77 han sido solventadas, 46 han sido aclaradas, 152 no solventadas, 46 turnadas a investigación y cinco en proceso de turnar a investigación. También hay 12 mil 604 expedientes de investigación activos, de los cuales cuatro mil 612 corresponden a asuntos de situación patrimonial.

Se han atendido dos mil 631 asuntos abiertos en atención ciudadana y se han instalado 232 comités de contraloría social, para lo cual se cuenta con un convenio con la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de México. Se da cuenta también de 314 procedimientos de responsabilidad administrativa y se han puesto en marcha 129 sanciones impuestas, entre las cuales destacan nueve suspensiones y 12 inhabilitaciones. A esto se suman 32 expedientes que han sido turnados al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para que sea el Poder Judicial el que determine las sanciones.

La secretaria Rosina del Villar agregó que la dependencia a su cargo impulsa la participación de la ciudadanía en estas acciones, a través de las contralorías sociales, donde no solamente son testigos de la atención a las denuncias que se han presentado, sino que además han tenido la oportunidad de denunciar las irregularidades que se han registrado en las obras y en los programas sociales.

columnacho@gmail.com

El dicho popular “ladrón, que roba a ladrón, tiene 100 años de perdón”, podría ejemplificar este lamentable caso, en donde trabajadores sin escrúpulos, ni respeto a los bajacalifornianos que pagan sus impuestos, se hicieron de recursos públicos, bajo la supuesta premisa de que “a que se lo roben los diputados, mejor me lo robo yo”.

Hay que hacer énfasis, y ser claros a la vez, que no todos los legisladores, han hecho un mal uso de los recursos públicos, pero hemos conocido cada caso, que eso será materia de otro análisis en otra ocasión.

Resulta ser, que la “bomba” acaba de estallar en el Congreso de Estado, tras descubrirse a un grupo de empleados de base, como de confianza que operaban como una presunta red, para despojar a los legisladores de 20, 30 o 50 mil pesos mensuales, durante la XXII Legislatura del Congreso del Estado.

Muy probable, que cuando usted esté leyendo esta columna, se estén presentando denuncias penales por fraude y abuso de confianza, contra secretarias, trabajadores de base y de confianza, que operaban este red de robo de recursos al interior del Congreso del Estado.

Se estima que mensualmente este grupo de trabajadores deshonestos despojaba de 200 a 500 mil pesos al mes, a los diputados de su partida de gasto social que era de 300 miles pesos al mes, durante al pasada Legislatura.

Hay que recordar, que cada Legislatura esta integrada por 25 diputados.

Como operaba este grupo integrado por secretarias, trabajadores administrativos y personas externas al Congreso.

Del gasto social de 300 mil pesos que tenía cada diputados, este grupo informaba al legislador que por cuestiones presupuestales o administrativas,  su partida de gasto social se había reducido ocasionalmente a 250 mil pesos, otras veces a 270 mil y la más comúnmente, a 280 mil pesos.

Ese faltante de los diputados, se sacaba en cheques y se iba a un cuenta revolvente de la red de trabajadores ladrones del Congreso; si algún legisladores no se ponían muy exigente, se perdía ese dinero, si había problemas, el recurso se reintegraban al diputado, y fin de la discusión.

Lo que los trabajadores deshonestos del Congreso, nunca pensaron, es  que un grupo de legisladores de la XXII Legislatura se percataron de este operación, y algunos que repitieron en la actual 23 Legislatura, éstos últimos ordenaron una investigación.

No crea nada de lo que lea aquí, pero si tiene alguna duda pregúntele al diputado, Luis Moreno, quien fue una víctima de este grupo y tiene detalles operación de robo hormiga de recurso público, por parte de esta red que operaba al interior del Congreso del Estado Baja California.

Y si aún así se queda con dudas, pregúntele al “Polly”, un conocido empleado del Congreso del Estado,  cómo era la forma de operar para sacar dinero de los impuestos de los bajacalifornianos, para su beneficio personal.

El caso se está manejando con mucho hermetismo al interior del Congreso del Estado, pero los bien enterados saben que es cuestión de minutos para que esta “bomba truene” y queden al descubierto secretarias, trabajadores de base, empleados de confianza y personas externas al Congreso, que forman o formaban parte de este grupo de ladrones.

En ocho palabras: ¿Quién es el regidor, que  se cree diputado?

Redacción/Columnaocho

Tijuana.- El XXIII Ayuntamiento de Tijuana presentó ante el Sistema Estatal de Justicia Alternativa seis denuncias contra 16 exfuncionarios de la pasada administración por probables delitos cometidos durante su gestión.

Salvador Gómez Ávila, titular de la Consejería Jurídica subrayó que la instrucción del presidente municipal, Arturo González Cruz, es revisar con lupa el actuar de la pasada administración y señalar las irregularidades que puedan constituir un perjuicio.

El consejero jurídico puntualizó que los motivos de las denuncias ante la autoridad competente son variados y entre ellos se enuncian la probable comisión de uso ilícito de facultades, hechos de corrupción y usurpación de funciones.

Los señalamientos correspondientes implican desde directores hasta funcionarios de alto nivel del XXII Ayuntamiento de Tijuana, periodo de gestión que comprendió desde diciembre de 2017 hasta septiembre de 2019.

Adelantó que existen más presunciones de posibles delitos mismos que serán presentados jurídicamente más adelante.