Reporteros/Columnaocho

 Mexicali.- Diputados federales de Morena por Baja California, solicitaron a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, la inmediata remoción de Rigoberto Villegas Montoya, actual director general del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en el Estado, por presuntamente estar involucrado y ser responsable de una serie casos de extorsiones.

También solicitaron el cese de Mario Acosta Núñez, Jefe del Departamento de Autotransporte Federal en Mexicali.

El documento revela que los antes denunciados, presumiblemente extorsionan a transportistas, afectando no sólo a operación económica de este sector estratégico, sino también el bienestar de las familias que dependen de dicha actividad.

El documento es firmado por los diputados federales, José armando Fernández Samaniego; Evangelina Moreno Guerra; Hilda Araceli Brown Figueredo; Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo; Claudia Lisbeth Moreno Ramírez; Gilberto Solórzano Herrera; Rocío López Gorosave, entre otros.

Reporteros/Columaocho

Mexicali.-  Un grupo de 166 agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, adscritos a la zona Sur del Valle de Mexicali, denunciaron penalmente al secretario de Seguridad Pública, Leopoldo Tizoc Aguilar; la fiscal del Estado, María Elena Andrade Ramirez y la directora del Centro de Evaluación y Confianza, Fabiola Chantal Lugo Valdez, por ser presuntos responsables de los delitos de tortura, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad.

Los quejosos forman parte de grupo de la Policía Municipal de Mexicali, que fueron desarmados y canalizados al Centro de Evaluación y Confianza de la capital del Estado.

Existen señalamientos de los afectados que aseguran que se violaron sus derechos humanos y sus garantías individuales.

El presidente de la Fraternidad Policíaca, Antonio Navarrete Castillo, aseveró que se violaron los protocolos para implementar este “operativo extraordinario”, y se perciben una serie de violaciones a la norma.

El Presidente, expuso, que no existe una certeza jurídica de quien otorgó el “visto bueno” por parte del Ayuntamiento de Mexicali, para que se consumara este operativo irregular.

La denuncia

Esta inconformidad, está siendo respaldada por el bufete Estudio Jurídico Legal, la cual fue interpuesta este martes 24 de septiembre, a las 16:00 horas.

La queja describe y fundamenta cada unos de los delitos, que pudieron haber cometido de los funcionarios públicos, antes descritos.

Reporteros/Columnaocho

Mexicali.-  Una madre de familia, su cuñada y una vecina, residentes del ejido Islas Agrarias “A” del Valle de Mexicali, denunciaron una serie de abusos, vejaciones y violaciones a sus derechos, que fueron víctimas, por parte de elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), Ejército y personal supuestas corporaciones federales.

Elizabeth Pérez, madre de un grupo de jóvenes y menores, denunció que el pasado 5 de abril, su familia y ella, fueron víctimas de una serie de violaciones a sus derechos, por parte de elementos de la FESC.

La quejosa relató que inicialmente la presencia de las corporaciones policíacas se justificaba por un supuesto secuestro en curso en su casa, información que le dijo un supuesto agente, y después ese delito cambió a portación de arma y posesión de circulante de dudosa procedencia.

Este caso se convirtió muy viral en la comunidad mexicalenses, tras la publicación de una serie de videos publicados en redes sociales, en donde se puede percibir visualmente, la presencia en la casa de la víctima de hombres “encapuchados” y civiles, a los que coloquialmente identifican con vestimenta de “buchones”.

En los videos, se pueden percibir que, durante el allanamiento ilegal, Pérez dialoga con un hombre encapuchado, a quien las demás personas lo identificaban como “Comandante Corral”.’

La víctima declaró que tiene miedo que su familia y a ella, les puede suceder algo, o que los oficiales intenten atentar contra su vida.

Detalló que, durante el allanamiento ilegal, los supuestos “agentes” golpearon a sus hijos, vejaron a los menore de edad y trataron a su cuñada como una delincuente.

La víctima dejo entrever, que los agentes estatales y federales involucraos en este operativo, robaron una cantidad de circulante de su casa.

Advirtió que cualquier cosa que le pudiera sucede a su familia o a ella, sería responsabilidad de los efectivos de la FESC.

Reporteros/Columnaocho

Alma Angelica “B”, actual subdirectora Académica de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali, fue denunciada penalmente por su propio hijo, a quien se le señala de ser responsable del delito de violencia intrafamiliar.

El pasado 20 de agosto del 2021, fue presentada la denuncia, la cual tiene el Número Unico de Caso 0202-2021-25301.

La queja fue presentada por José Ángel, hijo de Alma Angelica “B”, quien señaló que su madre había golpeado a su hermano menor de 16 años, y no era la primera vez que lo hacía.

El quejoso señaló que desde principio de año, su padre y su madre están separados.

Detalló que Alma Angelica “B” suele llegar muy estresada a su casa y actua de manera irracional en contra de su hermano.

El hermano del joven vejado, detalló que desde muy pequeño se hermano es víctima de los abusos de su mamá.

El quejoso relata en la denuncia que el pasado 15 de julio del 2021, su mamá golpeó nuevamente a su hermano.

En esa ocasión, la actual Subdirectora Académica de la DSPM golpeó en más de 20 ocasiones en su cara a su hijo, y se detuvo hasta que el menor, le advirtió que le iba a romper la mandibula.

De esta golpiza, al menor se le rompieron los vasos sanguíneos de los ojos.

Aquí los detalles:

Redacción/Columnaocho

 Un grupo de por lo menos una docena de empleados de confianza de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), ha sido despedido sin causa justificada durante las últimas dos semanas, sin que se les ofrezca una liquidación conforme a lo que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT).

El despido masivo de trabajadores se está dando a partir de la llegada de un nuevo titular a la Dirección del organismo paraestatal y se ha hecho en plena emergencia provocada por la pandemia del COVID-19, contraviniendo las instrucciones y el discurso político que, sobre el particular, ha venido repitiendo el gobernador Jaime Bonilla Valdez desde que se declaró la contingencia.

Lo anterior fue denunciado públicamente por los señores Gilberto Angulo Ayón y José Alberto Valdez Cota, dos de los ahora exempleados a los que, sin consideración alguna, se les notificó en forma intempestiva que dejarían de laborar en la dependencia.

Explicaron que ambos recibieron sendas llamadas telefónicas para que se presentaran en la Subdirección Administrativa de la CESPM. Al recibirlos, el entonces subdirector era acompañado por una persona que sería identificada posteriormente como Alfredo Santaella, que fue presentado como el nuevo titular de la subdirección administrativa y quien llevó la voz cantante para comunicarles que requerían “sus espacios” y que habían causado “baja” del “sistema” desde un día antes de la entrevista, por lo que les presentaron a su consideración las propuestas de liquidación.

Sin embargo, al leer dicho documento observaron que los funcionarios del organismo proponían únicamente pagar prestaciones ya devengadas (los proporcionales de aguinaldo y vacaciones), y no contemplaban el pago de la indemnización que contempla la Ley por el tiempo trabajado, por lo que tanto Angulo Ayón como Valdez Cota (y al menos otra media docena de sus ahora excompañeros), decidieron rechazarlos y buscar la asesoría de abogados para preparar las demandas que interpondrán ante las autoridades laborales.

Ante reporteros, los empleados despedidos señalaron que, aparentemente, Armando Fernández Samaniego, el nuevo director de CESPM, podría estar siendo mal asesorado por sus colaboradores, toda vez que el no ofrecer la liquidación que constitucionalmente les pertenece a los empleados que han sido despedidos sin causa justificada, constituye una violación a una de las leyes que, como funcionario, está obligado a respetar.

Grave también, dijeron, es el hecho de que los funcionarios de la CESPM estén realizando estas acciones en plena crisis de la pandemia, a pesar de que las instrucciones que se supone ha dado el gobernador del Estado, han sido en sentido totalmente opuesto, ya que ha sido recurrente el discurso del mandatario advirtiendo que incluso su gobierno actuaría jurídicamente hasta contra empresas particulares que despidieran a empleados durante la actual contingencia.