• Defender al consumidor no es sólo aplicar la ley, es cuidar la economía familiar

Redacción/Columnaocho

Mexicali.- La diputada Michelle Tejeda presentó un exhorto dirigido a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), con el objetivo de reforzar la vigilancia y sancionar a los establecimientos que incurran en prácticas ilegales como el cobro de comisiones adicionales por el uso de tarjetas bancarias, así como la imposición de porcentajes fijos en las propinas.

La propuesta respaldada por unanimidad del Pleno, busca proteger los derechos de las y los consumidores, especialmente en sectores vulnerables, y garantizar que la economía familiar no se vea afectada por cargos indebidos que contravienen lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

“Ningún negocio puede trasladar al cliente las comisiones que los bancos cobran por el uso de sus terminales, y la propina debe ser voluntaria, nunca obligatoria. Estas conductas son ilegales, como lo señala claramente la Ley Federal de Protección al Consumidor”, expresó la legisladora desde tribuna.

Michelle Tejeda reconoció que si bien se han realizado esfuerzos importantes para combatir estas prácticas, las denuncias ciudadanas continúan, especialmente en redes sociales, lo que evidencia que el problema persiste y que es necesario redoblar las acciones de vigilancia.

El exhorto pone especial énfasis en el impacto que estas prácticas tienen en personas adultas mayores y familias que dependen de apoyos sociales depositados en tarjetas bancarias, para quienes cada cargo representa una afectación directa a su economía básica.

“Defender al consumidor no es sólo aplicar la ley, es cuidar la economía familiar y dar certeza de que en Baja California nada debe estar por encima de la legalidad”, concluyó la diputada.

-Sancionar ejemplarmente cuando las amenazas tengan como fin difundir contenido sexual íntimo de la víctima.

Redacción/Columnaocho

Mexicali.- La diputada del Partido Encuentro Solidario, Rosa María García Zamarripa, presento ante oficialía de partes del Congreso del Estado, una iniciativa con la final de agravar el delito de amenazas, el cual está contemplado en el Código Penal del Estado.

Se plantea incluir la multa de 5 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), adicionalmente a la pena de prisión que ya establece el art. 171 del Código Penal del Estado, cuando las amenazas se expresen con elementos de mayor peligrosidad por parte del agresor, la pena aumentará hasta los tres años de prisión con una multa de 15 a 50 UMA´s, asimismo se propone que en los casos en donde se amenace con difundir contenido sexual de una persona, la pena de prisión será de dos a cuatro años y una multa de 20 a 60 UMA´s, así los expuso la Diputada Rosa Margarita García Zamarripa.

Mencionó que es responsabilidad de los legisladores identificar los hechos y conductas de la vida cotidiana que requieran ser regulados, de tal manera que se estipulen o se prohíban las que sean necesarias para alcanzar el mayor grado de orden, tranquilidad y justicia para los Bajacalifornianos”.

La inicialista explicó en su exposición de motivos, que la idea es establecer una relación de diferentes formas o medios en que se pueden ejecutar las amenazas, como los son: que la acción se realice con violencia o se veje a la víctima, que sea un niño, niña, adolescentes o mayor de edad, o esté en situación de inferioridad física con respecto agresor, o que no comprenda el significado del hecho, que el autor sea o hay sido integrante de alguna institución de seguridad pública, cuando se empleen tecnologías de la información y telecomunicaciones, redes sociales o cualquier otro espacio digital y que cause un daño a la dignidad de la persona ofendida, entre otros supuestos para considerar que se agrave la pena.

Por último, se propone crear la modalidad del delito equiparado de amenazas, el cual comprende la conducta que conlleve reiteración del asedio, acoso o acciones de vigilancia, seguimiento o persecución por cualquier medio, incluidos los electrónicos, sin que exista una connotación de tipo sexual, de manera que perturbe la tranquilidad de la víctima, por temor a que se le cause un mal inmediato o en el futuro, para lo cual se generaría el artículo 171 Quater, para el Código Penal de BC.

 Sobre la empresa de paquetería FedEx agregó: “No está a favor de la salud ni la seguridad en el Estado, no tiene conciencia social, invitamos a la ciudadanía a no hacer negocio con ellos”.

Redacción/Columnaocho 

 El Gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, informó sobre el decomiso de 47 máquinas tragamonedas, a través de un operativo que se efectuó en la ciudad de Mexicali, resultado de las estrategias diseñadas para combatir la inseguridad.

Comentó que las células delictivas insisten con perjudicar a niños y jóvenes; y que ahora los llamados “mini casinos” operan en los Café Internet; por esta razón, los operativos seguirán con fuerza en la entidad, para acabar con esta problemática.

También en materia de seguridad, señaló nuevamente a la empresa de paquetería FedEx por contribuir al incremento de los delitos contra la salud, al transportar droga en sus envíos que llegan a Baja California.

“Es una empresa que no está a favor de la salud, ni la seguridad en el Estado, no tiene conciencia social, invitamos a la ciudadanía a no hacer negocio con ellos; y no voy a quitar el dedo del renglón en este tema”, enfatizó.

Luego apuntó a que el 85% de los delitos cometidos en la entidad, están relacionados con la venta y distribución de estupefacientes, por eso la insistencia de combatir mini-casinos pero también el trasiego de drogas por paquetería.

Sobre la cifra de homicidios en Baja California, en las últimas horas, reportó un total de 8 casos: 6 en la ciudad de Tijuana y 2 en Ensenada.

Por otra parte, el gobernador Bonilla Valdez informó que se han cancelado 56 vuelos en el Aeropuerto Internacional de Tijuana y dos en Mexicali, ante la falta de pasajeros; esto debido a la alerta sanitaria por el COVID-19; y “es que algunas líneas aéreas han adoptado por aplicar esta medida ante esta situación”, apuntó.

Los hechos se registraron a las 9:55 horas en el Banco Banorte ubicado en Lázaro Cárdenas y Río Mocorito de la colonia Independencia, cuando la Central de Emergencias C4 alertó a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, acerca de una persona del sexo masculino al interior de la institución bancaria descrita, el cual estaba intentando cambiar un cheque falso, por lo que de manera inmediata los uniformados se abocaron al sitio entrevistándose con el gerente del banco, quien les informó que un individuo intentó cambiar un cheque por la cantidad de 1,200 pesos, y al verificar el sistema no correspondía el número de cuenta proporcionado con la razón social, mostrándose muy nervioso, siendo así que solicitó la intervención policial. De esta manera los gendarmes procedieron a realizar la aprehensión.

El detenido fue puesto disposición de las autoridades correspondientes para las averiguaciones que tengan lugar.

Reporteros/Columnaocho

León “N”, líder del grupo Mexicali Resiste, fue detenido hace unos minutos, en las afueras de su casa, por contar con una orden de aprehensión, por ser presunto responsable del delito de intento de homicidio.

El activista fue detenido al salir de su domicilio.

Esta orden de aprehensión se giró a raíz de una manifestación en las inmediaciones de la empresa cervecera Constellation Brands y el hoy arrestado intentó con un vehículo atropellar a un grupo de policías municipales y estatales.

En estos momentos, el detenido está haciendo certificado médicamente para ser presentado ante un Juez de Control.

Hasta el momento, la Procuraduría guarda hermetismo sobre el arresto de León “N”.

Con el objetivo de fomentar la prevención del delito en estudiantes de preparatoria y evitar que caigan en adicciones y conductas antisociales la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte BC) trabajarán en coordinación para orientarlos en actividades positivas.

Lo anterior se reforzó a través de un convenio firmado entre el titular de la SSPE, Daniel de la Rosa Anaya y Director General de Cecyte, José Luis Kato Lizardi, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la educación y trabajos preventivos entre el sector estudiantil.

De la Rosa Anaya expresó que dicho convenio consiste en la implementación de pláticas preventivas con temas como adicciones, acoso escolar, conductas autodestructivas, violencia en el hogar, fomento de la denuncia a través de las aplicaciones 911MovilBC y 089MovilBC, además de la realización periódica de los denominados “operativos mochila” para detección de sustancias ilícitas.

Un aspecto importante del convenio es que a través del Centro de Prevención del Delito de la SSPE se capacitó previamente al personal docente quienes apoyarán en la detección oportuna de jóvenes con alguna problemática para posteriormente canalizarlos a una adecuada orientación.

Por lo anterior las autoridades presentes entregaron constancias a 46 maestros por sumarse a la estrategia integral de prevención del delito que implementa el Gobierno de Baja California en los diversos planteles de la entidad, dicho aspecto está enmarcado dentro de la Cruzada por la Seguridad.

Por su parte el Director de Cecyte, Jose Luis Kato Lizardi, señaló que ya se han visto resultados positivos al implementar acciones de prevención del delito con la SSPE donde ha sido posible ayudar a jóvenes con algún problema familiar, escolar o social.

Ambos funcionarios coincidieron que el Gobierno del Estado, que encabeza Francisco Vega de Lamadrid, focaliza las estrategias preventivas con los niños y jóvenes de Baja California sobre todo en el tema de la prevención de adicciones y conductas delictivas.

La farmacodependencia, o coloquialmente conocida como drogadicción, es uno de los fenómenos sociales que más afecta al país, y Baja California no es la excepción; según datos de la Secretaria de Salud de Estado, el 34% de la población ha consumido alguna droga, esto incluye alcohol o tabaco.

Estamos hablando que tres de cada diez bajacalifornianos, en algún momento de su vida han tenido contacto o consumido algún tipo de sustancia o droga.

Las principales sustancias que se consumen en Baja California son la marihuana, las metanfetaminas, el alcohol y el tabaco.

El consumo de estos estupefacientes y sustancias ha tenido fuerte impacto en la seguridad de cada uno de los municipios del Estado, ya que un grupo considerable de adictos al no poder financiar su adicción, se inclinan por robar para poder acceder a las “drogas”.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales de los diferentes niveles de Gobierno o de organizaciones de la sociedad civil por atacar el fenómeno de las adicciones, poco o casi nulos son los resultaos positivos en este sentido, ya que a pesar de las acciones de Gobierno o de la sociedad, lo más importante en esta crisis de la social, es la fuerza de voluntad de los adictos, la cual es casi siempre vulnerada por las drogas.

En este marco, aparecen asociaciones o “pseudo” grupos de ayuda, que solo lucran con el dolor de las familias, y la rehabilitación del enfermo, es el último fin.

Tal es el caso de Iván Gilberto Olvera Rodríguez, de 40 años, quien es un adicto en “tratamiento” y actualmente se encuentra en recuperación en el Hospital General de Mexicali, por las severas quemaduras que sufrió durante un accidente, ocurrido el pasado 29 de agosto del 2017, en una estación de gas de la empresa Gas Silza, localizada en el ejido Guanajuato del Valle de Mexicali.

Olvera Rodríguez, es una de las cinco personas que resultaron quemadas de un supuesto “flamazo” ocurrido en la sucursal de la empresa Gas Silza del ejido Guanajuato, en donde un trabajador “real” de la empresa falleció el sábado 3 de septiembre del 2017, en las instalaciones del Seguro Social, cuando recibía atención médica.

Olvera Rodríguez es un adicto en “tratamiento” que fue “rentado” por el Grupo para Alcohólicos y Drogadictos, “Amigos para Siempre A.C.”, con oficinas e instalaciones en el ejido Nuevo León del Valle de Mexicali, a directivos de la sucursal de Gas Silza, localizada en el ejido Guanajuato del Valle de Mexicali.

Según esta asociación civil cuenta con el registro RCEN-BC-0029 de la CENADIC, en donde aparece como director general aparece Carlos Becerril.

El día del incidente, o sea, el 29 de agosto del 2017, diferentes hospitales de Mexicali, se preparaban para recibir a las personas quemadas provenientes de la zona rural de la capital del Estado.

Los heridos fueron trasladados en vehículos particulares al Hospital General y a la clínica 30 del Seguro Social, situación sospechosa, ya que si todos fueran trabajadores contratados de la empresa Gas Silza, tuvieron que a ver sido trasladados al Seguro Social, por el riesgo de trabajo.

Familiares de Olvera Rodríguez sin saber que su familiar había tenido un accidente en una sucursal de la empresa Gas Silza, se enteraron por medios de comunicación del accidente y que su pariente era uno de los lesionados, por lo que inmediatamente se trasladaron de Las Vegas, Nevada, a Mexicali, Baja California.

No podían creer lo que había pasado, Iván Gilberto en una cama de hospital con quemaduras severas. Los familiares pagaban mil dólares por cada tres meses de rehabilitación de su pariente en el Grupo para Alcohólicos y Drogadictos, “Amigos para Siempre A.C.”.

Su familiar y adicto había sido “rentado” para trabajar a la empresa Gas Silza, por mil pesos a la semana, y ningún peso de este dinero era para Iván Gilberto, la asociación civil recibía el pago.

Una de las preguntas es ¿Qué estaba haciendo Iván Gilberto Olvera Rodríguez, en una estación de gas de la empresa Gas Silza, y quién permitió que saliera del Grupo de Alcohólicos y Drogadictos “Amigos para Siempre A.C.?

Diversos delitos se podrían configurar en este incidente, como el de explotación, trata de personas, servicio forzado.

La Procuraduría General de Justicia del Estado abrió el Número Unico de Caso 37974-2017 al respecto, en donde podría darse el delito de homicidio por culpa.

Habría que esperar si la delegación del Seguro Social en Baja California, Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Salud de Estado o la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, toman cartas en el asunto, por las posibles irregularidades y violaciones en esta caso, en donde es innegable la “renta” de adictos para trabajar.

Van por diez objetivos
El secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, anunció en la capital del Estado, que el Gobierno Federal en coordinación con el Gobierno de Baja California, van tras la captura de diez objetivos criminales, quienes estarían generando la violencia y “ola” delictiva que afecta al Estado; principalmente la que se presenta en el municipio de Tijuana.

Estos diez objetivos no están físicamente en Baja California, por lo que Gobierno federal emprenderá una “cacería” en estados como Sinaloa, Jalisco y Michoacán, para dar con estos días criminales que están afectando la seguridad de los bajacalifornianos.

Esperamos prontos resultados de esta acción conjunta entre el Gobierno Federal y de Baja California, por la tranquilidad y seguridad de los bajacalifornianos.