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Mexicali.- Para reducir la exposición de las personas usuarias del transporte público a las altas temperaturas y mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad, la diputada Michel Sánchez Allende presentó ante el Congreso del Estado un Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de Mexicali para implementar un programa integral de intervención, rehabilitación, modernización y mantenimiento de los paraderos de la ciudad.

La legisladora advirtió que las condiciones climáticas de Mexicali obligan a replantear estos espacios como parte fundamental de la infraestructura urbana, debido a que una persona que utiliza diariamente el transporte público puede permanecer entre 20 y 45 minutos en espera, en paraderos que en muchos casos cuentan con estructuras metálicas que acumulan calor y carecen de iluminación adecuada, mobiliario, o información suficiente sobre el servicio.

Sánchez Allende planteó que los paraderos deben contar con elementos de sombra y protección térmica, además de incorporar progresivamente infraestructura verde mediante arbolado y vegetación endémica. La propuesta contempla también mobiliario urbano, iluminación, información sobre rutas y horarios, así como condiciones que permitan un ascenso y descenso seguro de las unidades.

“En una ciudad con las temperaturas de Mexicali, esperar el transporte público bajo el sol y sin condiciones adecuadas no puede normalizarse, se debe proteger a las personas, ofrecer seguridad y garantizar una espera digna para todas y todos”, señaló Michel Sánchez.

La propuesta pone especial atención en la seguridad de mujeres, niñas y adolescentes, al señalar que una iluminación deficiente y poca visibilidad pueden aumentar los riesgos durante la espera del transporte, por lo que plantea incorporar principios de prevención situacional, perspectiva de género, seguridad urbana, además de accesibilidad universal para personas con discapacidad, adultas mayores y con movilidad reducida.

Asimismo, el exhorto plantea que el Ayuntamiento elabore un diagnóstico y un programa de priorización de paraderos, para identificar aquellos con mayores condiciones de vulnerabilidad, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de paraderos dignos y climáticamente seguros, adecuado a las condiciones reales de la capital del estado y a las necesidades de quienes dependen diariamente del transporte público.

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Mexicali.- Para que las familias de la sección Arboleda de Desarrollos Natura, en Tijuana, cuenten con transporte público cercano y seguro, la diputada Gabriela Ponce Velázquez presentó una proposición de exhorto al Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS) y al Ayuntamiento de Tijuana, a fin de evaluar la ampliación de la cobertura y la habilitación de un paradero.

La legisladora explicó que esta propuesta responde a una petición de habitantes de esta comunidad, quienes requieren alternativas de traslado accesibles para acudir a sus centros de trabajo, instituciones educativas y servicios de salud, por lo que la falta de cobertura les dificulta realizar estas actividades.

En la exposición de motivos, Ponce Velázquez también señaló que Desarrollos Natura, ha sido identificado por el Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana (IMPLAN) como una zona prioritaria de atención, ante las necesidades de infraestructura y servicios derivadas del crecimiento urbano.

“De acuerdo con el diagnóstico del Programa de Mejoramiento Urbano Natura, elaborado por el Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana (IMPLAN), las paradas de transporte no se distribuyen de manera uniforme y existen sectores importantes sin acceso al servicio”, abundó.

Ponce Velázquez precisó que el exhorto propone que el IMOS realice estudios técnicos y de factibilidad para la ampliación del servicio particularmente en la sección Arboleda y, de resultar procedente, implemente las acciones necesarias para crear una ruta y un paradero que respondan a las necesidades de la comunidad.

El planteamiento también solicita la colaboración del Ayuntamiento de Tijuana para identificar y, en su caso, habilitar el espacio más adecuado para el paradero, en coordinación con el IMOS, considerando los aspectos de infraestructura urbana, señalización y seguridad vial que correspondan al municipio, conforme a los resultados del análisis técnico.

La proposición también solicita a las autoridades que informen al Congreso sobre las acciones y determinaciones adoptadas. El objetivo es dar seguimiento a la petición ciudadana y avanzar hacia un servicio de transporte que acerque a las familias de Arboledas de Natura a oportunidades de educación, empleo y atención a la salud.

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Mexicali.- Con el objetivo de fortalecer la atención educativa para niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales, así como promover escuelas libres de discriminación, la diputada Evelyn Sánchez Sánchez presentó un Punto de Acuerdo en el que solicita aplicar recursos adicionales a los programas CAM y USAER, además de implementar acciones de sensibilización durante el ciclo escolar 2026-2027.

La propuesta exhorta al Poder Ejecutivo estatal, por conducto de las secretarías de Hacienda y de Educación, a buscar la aplicación de una partida presupuestal extraordinaria para estos programas y fortalecer los apoyos que favorezcan el aprendizaje, la participación y la permanencia de estudiantes que requieren atención educativa especializada.

El planteamiento también contempla campañas dirigidas al personal docente, tutores y comunidad estudiantil sobre el trastorno del espectro autista, la discapacidad y la adaptación educativa de niñas y niños de comunidades indígenas y afromexicanas, con el fin de prevenir actos de discriminación y favorecer su plena integración escolar.
En la exposición de motivos, la legisladora advirtió que “las y los estudiantes pueden enfrentar un mayor riesgo de rechazo, aislamiento y violencia en las escuelas, lo que puede convertirse en un obstáculo para su aprendizaje, e incluso provocar el abandono escolar”.

Evelyn Sánchez subrayó que la inclusión requiere prácticas educativas y relaciones de convivencia que respondan a las distintas capacidades, necesidades y ritmos de aprendizaje. Por ello, las acciones de sensibilización buscan ofrecer a docentes y a las familias mayores elementos para comprender y acompañar a sus estudiantes.

“Se debe reconocer la diversidad cultural y lingüística de Baja California, en el caso de la niñez indígena, las barreras del idioma, la falta de recursos en comunidades alejadas, la insuficiencia de personal capacitado y alguna discapacidad, son obstáculos que pueden limitar su desarrollo escolar”, señaló.

En ese sentido, el inicio del ciclo escolar representa una oportunidad para establecer acuerdos de convivencia basados en el respeto y la no discriminación, por lo que refirió: “debemos fortalecer la respuesta institucional a las necesidades de la comunidad educativa y favorecer las condiciones para que niñas, niños y adolescentes aprendan y participen en igualdad de oportunidades”.

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Mexicali.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó, con 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la Convocatoria Pública para iniciar el procedimiento de designación de la persona titular de la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) para el periodo 2026-2033, con el propósito de garantizar que este órgano técnico de fiscalización cuente con una titularidad definitiva, mediante un proceso abierto, transparente y sujeto a requisitos profesionales.

La convocatoria deriva del Acuerdo Número 07 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, que preside la diputada Alejandra Ang Hernández, en el que se establecen las bases, requisitos, etapas y plazos para seleccionar a quien tendrá la responsabilidad de dirigir el órgano técnico encargado de la fiscalización superior de los recursos públicos en la entidad.

El carácter público de la convocatoria permitirá la participación de ciudadanas y ciudadanos que acrediten los requisitos constitucionales y legales, entre los que se contempla la experiencia técnica y profesional en administración pública, control, auditoría financiera y responsabilidades, además de trayectoria relacionada con fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

De acuerdo con las bases aprobadas, las solicitudes y documentación se recibirán del 12 al 21 de septiembre del año en curso, en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, en un horario de 08:00 a 15:00 horas. Posteriormente, la Comisión de Fiscalización revisará los expedientes para determinar qué aspirantes cumplen los requisitos y avanzan a la etapa de entrevistas.

Cabe destacar que las entrevistas serán públicas y se transmitirán a través de las páginas y redes sociales oficiales del Congreso; en esta etapa se valorarán el perfil profesional, experiencia, conocimientos técnicos, visión estratégica y propuesta institucional de cada aspirante; además, las diputaciones podrán formular preguntas para contar con mayores elementos de evaluación.

Concluidas las entrevistas, la Comisión de Fiscalización formulará una opinión técnica y propondrá hasta tres perfiles para integrar la terna que será remitida a la Junta de Coordinación Política y deberá presentar la propuesta correspondiente ante el Pleno para realizar la designación.

La persona que resulte electa requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de las diputaciones integrantes del Congreso, rendirá protesta ante el Pleno y ocupará la titularidad de la ASEBC durante siete años, sin posibilidad de ratificación.

-Busca cerrar vacíos legales que ha puesto en riesgo la vida de niñas y niños, estableciendo parámetros claros de idoneidad parental

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Mexicali. – Con el propósito de dotar al sistema de justicia de criterios claros y actualizados que salvaguarden la vida y el desarrollo de la infancia, evitando que se repitan tragedias derivadas de vacíos legales y decisiones judiciales basadas en estereotipos, el diputado Diego Echevarría Ibarra presentó la iniciativa denominada “Ley Vicente”, una reforma integral que modifica y adiciona disposiciones del Código Civil y Penal de Baja California.

Al presentar la iniciativa, el legislador del PAN explicó que lleva el nombre de “Ley Vicente” en memoria de un hecho ocurrido en Mexicali, donde un niño de apenas tres años lamentablemente perdió la vida tras haber sido dejado en condiciones de riesgo.

“No se puede permitir que las custodias se definan por inercia o roles de género; por ello es necesario establecer parámetros objetivos para garantizar que las niñas y niños estén siempre en un entorno seguro”, afirmó.

En su propuesta de reforma a diversos artículos del Código Civil, se fortalece el marco de la justicia familiar al reconocer de manera expresa el derecho sustantivo a la coparentalidad, garantizando que hijas e hijos reciban cuidado equitativo de ambos progenitores. Se establece además la custodia compartida como presunción legal primaria, bajo criterios de idoneidad parental medidos por estabilidad emocional, salud mental y ausencia de conductas de riesgo.

Por otra parte, obliga a las autoridades a garantizar evaluaciones clínicas y psicológicas inmediatas, validando también dictámenes particulares certificados para agilizar procesos y evitar dilaciones que pongan en riesgo a la niñez. Asimismo, se amplían las causales de pérdida y suspensión de la patria potestad, incluyendo negligencia grave, adicciones, violencia vicaria, alienación parental y violencia digital.

En el ámbito penal, la iniciativa endurece sanciones para cerrar espacios de impunidad. Se sanciona la omisión de auxilio y la exposición a peligro climático, incluso sin resultado material, y se tipifica como homicidio o lesiones por omisión si ocurre daño.

También se incorpora la figura de violencia vicaria, perseguida de oficio y sin posibilidad de mediación, con agravantes que pueden implicar la pérdida de patria potestad. Se incrementan las penas por falsedad en procedimientos familiares, especialmente cuando se busca obtener ventajas indebidas en custodia o convivencias.
Finalmente, se penaliza la fabricación o manipulación de pruebas para simular violencia familiar o de género, protegiendo los lazos filiales y evitando resoluciones obtenidas con dolo.

“La ‘Ley Vicente’ constituye una reforma integral que cierra espacios de abuso, fortalece la confianza en las instituciones y asegura que el sistema de justicia actúe con neutralidad, objetividad y firmeza, siempre con el propósito de proteger la infancia”, indicó el diputado.

-Hacen un llamado al Instituto de la Juventud, el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), las secretarías de Bienestar, Hacienda y Educación.

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Mexicali.- Para que las distancias y el costo del traslado no se conviertan en un obstáculo para la preparación académica, la diputada Liliana Michel Sánchez Allende presentó un exhorto para que se generen alternativas de movilidad para las y los estudiantes del Valle de Mexicali que quedaron fuera del Sistema Integral de Transporte Escolar COMUNDER durante el ciclo 2026-2.

“Para una familia, pagar más de 200 pesos diarios para que una hija o un hijo pueda llegar a la escuela puede ser un gasto muy difícil de sostener. Para una estudiante o un estudiante, no tener cómo trasladarse puede significar faltar a clases, perder oportunidades y poner en riesgo la continuidad de sus estudios”, señaló la legisladora.

Por ello, hizo un llamado al Instituto de la Juventud, el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), las secretarías de Bienestar, Hacienda y Educación, para revisar la demanda que quedó sin atender y buscar alternativas que permitan incorporar a las y los jóvenes que requieren este servicio, además de explorar medidas temporales que ayuden a cubrir sus gastos de traslado mientras se construyen soluciones de mayor alcance.

Durante el ciclo anterior, el COMUNDER benefició a 2 mil 369 estudiantes, mediante 40 rutas que atendieron a 46 centros educativos en los siete municipios del Estado. Para este nuevo ciclo, alrededor de 45 estudiantes de la UABC y del Tecnológico Nacional de México, campus Mexicali, reportaron haber quedado fuera del programa.
Michel Sánchez enfatizó que vivir en una comunidad rural no debe representar una desventaja para las y los jóvenes que buscan continuar con su formación académica, “el lugar donde una persona vive no debería determinar hasta dónde puede llegar en sus estudios”.

El exhorto también solicita mantener informado al Congreso del Estado sobre las acciones emprendidas, el número de estudiantes que puedan ser incorporados y las medidas que permitan fortalecer progresivamente la cobertura del transporte escolar y público en las comunidades rurales del Valle de Mexicali.

La diputada subrayó que garantizar el derecho a la educación también significa acompañar a las y los jóvenes en las condiciones que hacen posible ejercerlo, por lo que esta propuesta busca sumar esfuerzos para que ninguna persona estudiante tenga que poner en pausa sus estudios por una dificultad de movilidad.

-Constituye una de las celebraciones tradicionales más importantes de la región, beneficia al comercio local y favorece espacios de convivencia

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Mexicali.– Con el propósito de brindar condiciones seguras a las familias y visitantes que acuden a la Feria Nacional de Tijuana, el Congreso del Estado exhortó a las autoridades estatales y municipales a reforzar las acciones de prevención, vigilancia y protección civil durante el desarrollo de esta tradicional celebración.
El Punto de Acuerdo fue presentado por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, quien solicitó que el Ayuntamiento de Tijuana y la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado fortalezcan la coordinación institucional para salvaguardar la integridad de las personas, mantener el orden y prevenir situaciones de riesgo durante eventos con alta concentración de asistentes.

La legisladora señaló que la realización de la Feria Nacional de Tijuana representa retos específicos para las autoridades en materia de seguridad, protección civil, salud y atención a grupos en situación de mayor vulnerabilidad, debido a la concentración masiva de personas que asisten a disfrutar el evento.

“En este contexto, no debemos pasar por alto que las autoridades municipales y estatales, en ámbito de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, cuenta con facultades para implementar y reforzar medidas preventivas, protocolos de actuación, así como operativos de control y supervisión durante celebraciones con alta concentración de personas”, indicó.

Entre las acciones que pueden reforzarse se encuentran los operativos preventivos, una mayor presencia policial en puntos de riesgo y las medidas para inhibir conductas violentas o delictivas asociadas al consumo de alcohol, así como la supervisión de actividades que involucren juegos mecánicos.

“La alta afluencia de visitantes exige mayor capacidad de organización, planeación y coordinación entre las instituciones responsables, por lo que se busca generar condiciones adecuadas, además de brindar mayor seguridad a comerciantes, trabajadores y habitantes de las zonas aledañas”, destacó la diputada.

La Feria Nacional de Tijuana constituye una de las celebraciones tradicionales más importantes de la región ya que también genera una dinámica turística y económica que beneficia al comercio local y favorece espacios de convivencia comunitaria.

-La nueva legislación redefine las funciones del Consejo de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial.

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Mexicali.- Con 23 votos a favor el Pleno de la XXV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California aprobó en sesión plenaria la expedición de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con lo cual se establece una transformación integral de la estructura judicial en la entidad.

La necesidad de esta nueva legislación deriva de la reforma constitucional federal publicada el 15 de septiembre de 2024, que introdujo la elección democrática de magistraturas y jueces, y sustituyó al Consejo de la Judicatura por el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.

Producto de este cambio nacional, se volvió indispensable contar con un marco legal actualizado en Baja California que permita a las nuevas instituciones funcionar de manera adecuada, garantizando autonomía, imparcialidad y rendición de cuentas.

La nueva configuración busca eliminar la concentración excesiva de funciones en un solo organismo y establecer una separación funcional que permita una administración más eficiente y un control disciplinario más efectivo.
El Consejo de Administración Judicial tendrá a su cargo la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales del Poder Judicial, además de coordinar la formación y capacitación de las personas juzgadoras.

También investigará y resolverá responsabilidades administrativas no graves mediante el Órgano Interno de Control y el Pleno del Consejo.

Su correcto funcionamiento dependerá de la reglamentación de sus unidades administrativas, entre ellas la Escuela de Formación Judicial y el Archivo Judicial, esenciales para garantizar eficiencia operativa y calidad en la impartición de justicia.

El Tribunal de Disciplina Judicial será un órgano especializado e independiente encargado de la vigilancia y disciplina del personal jurisdiccional, además de resolver controversias laborales internas entre el Poder Judicial y su personal. Tendrá facultades para imponer amonestaciones, sanciones económicas, suspensiones e inhabilitaciones, formular denuncias penales cuando advierta la probable comisión de delitos, resolver conflictos laborales internos y evaluar a las Magistraturas, Juezas y Jueces.

Derivado de esta nueva estructura, se aprobaron reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, con el fin de delimitar competencias y reconocer formalmente al Tribunal de Disciplina Judicial como órgano resolutor de conflictos laborales internos.

Asimismo, se abroga la Ley Orgánica del Poder Judicial publicada en el Periódico Oficial No. 49, de fecha 4 de octubre de 1995, al quedar obsoleta frente a la magnitud de la nueva estructura institucional
El Dictamen No. 105 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, fue presentado por el diputado Juan Manuel Molina García, en representación de las fracciones parlamentarias de Morena y PVEM, quienes argumentaron que la creación y adecuada reglamentación tanto del Consejo de Administración como del Tribunal de Disciplina Judicial permitirán un cambio profundo en el Poder Judicial.

En conjunto, ambas instituciones refuerzan la confianza ciudadana y establecen un sistema de impartición de justicia transparente, ético, eficiente y moderno, a la altura de las exigencias del pueblo de Baja California.

-Se incorpora en el artículo 5 de la Constitución local la causal de nulidad, armonizando con la Constitución federal.

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Mexicali.- La XXV Legislatura del Congreso del Estado aprobó por mayoría la iniciativa presentada por el diputado Juan Manuel Molina García, que reforma el artículo 5 de la Constitución de Baja California para incorporar la causal de nulidad electoral por la acreditación de actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados de una elección.

Al momento del debate en el Pleno, el diputado Molina subrayó que este tema no es simplista ni sencillo, pues las causales de nulidad electoral requieren pruebas claras y procesos jurídicos completos, Con tono irónico recordó que en elecciones pasadas se llegó a anular casillas bajo el argumento de un “error aritmético” de más de mil votos, lo que demuestra que las nulidades no se decretan a la ligera.

En ese sentido, enfatizó que la nueva causal busca evitar que episodios de intervención extranjera puedan alterar la voluntad ciudadana y, al mismo tiempo, fortalecer la protección de la soberanía nacional, la autenticidad del voto y la integridad de los procesos democráticos frente a posibles influencias externas.

El legislador de Morena también hizo referencia a antecedentes de intervencionismo documentados en la historia de México, señalando que ningún partido político puede negar esos episodios. “Lo que sí podemos evitar es que se repita”, afirmó, al destacar que la reforma responde a la necesidad de blindar la democracia mexicana frente a intereses externos.

Por otra parte, recordó que, en procesos recientes, como el de 2021, se registraron actos de violencia en casillas que no prosperaron como causal de nulidad, ya que la ciudadanía salió a votar con firmeza.

Señaló que esta nueva causal refleja una preocupación legítima y añadió: “¿estarían de acuerdo en que un país extranjero incida en la democracia mexicana? Sí o no. Porque de eso se trata esta reforma, en que la voluntad de las y los bajacalifornianos se decida en las urnas, no desde el extranjero”, indicó.

Al tratarse de una reforma constitucional su aprobación requirió mayoría calificada y la votación en el Pleno registró 18 votos a favor y 6 en contra emitidos por las diputaciones integrantes del PAN, PRI, PT y MC.

-En sesión presidida por la Diputada Julia González las diputaciones integrantes aprobaron dos proyectos que dan origen a dos dictámenes

-Su objeto es contar con suficiencia presupuestal para la creación de plaza asignadas al Tribunal de Oralidad Civil y Familiar en Tecate y Guadalupe Victoria en agosto y septiembre.

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Mexicali.- En el seno de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se aprobaron dos proyectos que dan origen a igual numero de dictámenes, relativos a solicitudes del Poder Judicial del Estado de Baja California.

En el caso del Proyecto que da Origen al Dictamen No. 144, se aprobó de por seis votos a favor y ninguno en contra, durante la sesión ordinaria presencial, conducida por la Diputada presidenta de la CHyP, Julia Andrea González Quiroz.

La finalidad es contar con la suficiencia presupuestal necesaria para cubrir los sueldos y prestaciones por la creación de 31 plazas, las cuales serán asignadas a las áreas operativas y admirativas del Tribunal de Oralidad Civil y Familiar en el partido judicial de Tecate.

Este, pretende iniciar sus funciones en el mes de agosto del año que transcurre, para dar cumplimiento a la reforma e implementación del Código Nacional Civil y familiar del Estado.

Posteriormente, fue aprobado en el mismo sentido, el proyecto que da origen al Dictamen No. 145 que se refiere a un a solicitud de recursos presupuestales en partidas presupuestales, con el objeto de contar con la suficiencia presupuestal necesaria para cubrir sueldos y prestaciones por la creación de cinco plazas.

Las plazas serán asignadas a las áreas operativa y administrativas del Tribunal de Oralidad Civil en la localidad de Guadalupe Victoria, que pretende iniciar sus funciones a partir de septiembre de este año.

Participaron en esta sesión, las siguientes diputaciones: julia González, Jaime Cantón. Alejandra Ang, Alejandrina Corral, Juan Manuel Molina y Michel Sánchez, así como el Auditor Superior del Estado en funciones,
Además, participaron: Por parte de Subsecretaría de Gobierno, Luis Alonso López, y, el Director de Proyectos Legislativos de la Consejería Jurídica, Daniel Núñez; el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de Administración del Poder Judicial del Estado, Alejandro Fragozo López.